Las causas judiciales contra dirigentes de Vente Venezuela comenzaron a ser trasladadas desde Caracas hacia tribunales del interior del país, decisión que generó cuestionamientos por parte de la defensa, que denuncia nuevas irregularidades dentro de los procesos llevados por la jurisdicción especial de terrorismo.
El abogado Omar Mora Tosta informó que el Tribunal Primero de Juicio en Terrorismo remitió al estado Barinas los expedientes de Henry Alviarez, Dignora Hernández y Víctor Castillo, junto con otros casos que permanecían bajo competencia de esa instancia judicial en Caracas.
La defensa -explicó el jurista- recibió la notificación a través de los mecanismos oficiales del circuito judicial penal, donde se argumenta que la redistribución responde a un supuesto “descongestionamiento” del tribunal.
No obstante, Mora Tosta considera que la medida refleja en realidad el debilitamiento de la jurisdicción especial creada para procesar delitos de terrorismo.
“Subyace una verdad que es inocultable, que es el desmantelamiento de la jurisdicción del terrorismo”, afirmó.
Cuestionan legalidad de tribunales especiales creados irregularmente
El abogado cuestionó la legalidad de estos tribunales especiales y sostuvo que fueron constituidos de manera irregular.
“La jurisdicción del terrorismo nunca debió haber existido”, expresó. Aseguró que estas instancias fueron creadas mediante resoluciones administrativas y no a través de una ley formal aprobada conforme al marco jurídico venezolano.
A juicio de la defensa, durante años estos tribunales actuaron como instancias “ad hoc”, utilizadas para procesar causas de carácter político.
Defensa exige nulidad absoluta por irregularidades en procesos judiciales penales
Mora Tosta señaló que existe una contradicción en el manejo de los expedientes, debido a que inicialmente fueron enviados a tribunales de terrorismo bajo acusaciones graves y ahora terminan siendo remitidos a jurisdicciones ordinarias.
“Ahora se dan cuenta después de dos o tres años de que esas causas no tienen razón de ser y que nos van a juzgar por delitos comunes”, dijo.
Frente a este escenario, insistió en que corresponde declarar la “nulidad absoluta” de los procesos, alegando violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a garantías constitucionales de los acusados.
“Violaron el debido proceso, el derecho a la defensa y todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho para estos casos”, sostuvo.
La defensa adelantó que acudirá a las nuevas jurisdicciones donde sean trasladadas las causas para continuar representando a los procesados y exigir garantías judiciales.
“Nosotros nos apersonaremos en cada una de estas jurisdicciones para hacer valer los derechos y garantías inherentes a la persona humana”, afirmó Mora Tosta.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
