El gobierno de los Estados Unidos designó este jueves formalmente como organizaciones terroristas a las dos principales estructuras del crimen organizado de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
La medida de la Casa Blanca se aplicó de manera unilateral, ignorando la oposición frontal que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, había manifestado de forma expresa a la administración norteamericana.
«El CV y el PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntas, dirigen a miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles. Su influencia y sus redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil», justificó el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un comunicado oficial.
El andamiaje legal de esta resolución contempla un despliegue en dos fases cronológicas: inicialmente, ambas bandas fueron catalogadas como Grupos Terroristas Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés), condición que faculta al Departamento del Tesoro para bloquear de inmediato activos financieros y sancionar a líderes, colaboradores y empresas fantasma asociadas a una lista global que ya engloba más de 18.000 nombres.
Posteriormente, a partir del 5 de junio, ambas facciones ingresarán al listado definitivo de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), asimilándolas bajo el mismo estatus jurídico penal que carteles internacionales o células como Al Qaeda y el Estado Islámico (EI).
La medida representa un severo desaire diplomático para Lula da Silva, quien hace apenas tres semanas se había reunido en Washington con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para ratificar sus discrepancias sobre el enfoque de seguridad, argumentando que, si bien el Estado brasileño combate la criminalidad desde el nacimiento de estas bandas en los presidios de Río de Janeiro y São Paulo entre los años 70 y 90, su legislación nacional no las equipara con grupos terroristas que busquen derrocar o subvertir el orden constitucional.
Este choque de visiones coincide con la campaña electoral de cara a las presidenciales brasileñas de octubre, un escenario que capitalizó el ala conservadora local.
De hecho, el senador Flávio Bolsonaro, principal rival político del oficialismo e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se reunió de forma privada con Trump en Washington hace dos días para solicitarle directamente esta declaratoria, celebrando el anuncio bajo la premisa de situar a Brasil «hombro a hombro con naciones libres y soberanas».
Desde la llegada de la nueva administración republicana a la Casa Blanca en enero de 2025, la política exterior estadounidense ha redefinido el combate al narcotráfico y el flujo de migrantes indocumentados procedentes de América Latina bajo la doctrina de la seguridad nacional y la contrainsurgencia, una línea que ya propició la catalogación de terroristas para los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como para la banda transnacional venezolana Tren de Aragua.
Este enfoque faculta a las agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad de EE UU a ejecutar operaciones tácticas globales contra los intereses de los cabecillas de estos grupos en cualquier parte del mundo.
Dicha doctrina ha amparado, asimismo, las polémicas operaciones militares y ofensivas aeronavales ejecutadas desde septiembre del año pasado contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en aguas internacionales del mar Caribe y el océano Pacífico, intervenciones que han dejado un saldo de casi 200 personas muertas y que han despertado serias alarmas entre juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten que estos operativos de intercepción naval en alta mar podrían equivaler legalmente a ejecuciones extrajudiciales.
Mientras que los gobiernos de México y Brasil mantienen una resistencia frontal a esta expansión jurisdiccional de Washington, otros países de la región alineados con la Casa Blanca, como Ecuador y Honduras, han manifestado su respaldo a la estrategia antiterrorista para desarticular las redes criminales en el continente.
Con información de EFE.
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