Horas después de que el Ministerio Público difundiera los resultados de la autopsia del preso político Víctor Hugo Quero Navas, su familia, a través de su hermano Gabriel José Quero Navas, cuestionó al organismo de utilizar una “fuga de información”
Para la familia Quero Navas, el reporte de la Fiscalía descontextualiza un expediente dirigido por la Fiscalía 80 con competencia nacional, para la investigación de los hechos, circunstancias, y responsables por acción u omisión de las instituciones, instancias, o rectores y otros aun no descritos en la investigación. En su réplica, exponen varios puntos que el Ministerio Público omitió en su comunicado.
Especifican que el documento no dice nada sobre las circunstancias en las que se produjo el arresto de Víctor Quero, “ni sobre la responsabilidad penal de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado que participaron en dicho arresto arbitrario”.
Asimismo, el comunicado tampoco evalúa la responsabilidad legal de los funcionarios del propio Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensoría Pública que “se prestaron para convalidar dicho arresto arbitrario, que avalaron su situación de indefensión permanente o que se negaron a suministrarnos, durante más de un año, información sobre su destino o paradero”.
El texto también denuncia la materialización de una “fuga de información sobre una investigación que está en curso y aún se mantiene en fase preparatoria”, lo cual revictimiza a la familia y compromete la objetividad e imparcialidad del Ministerio Público.
Además, advierte que podría estar dirigida “a exonerar de sus responsabilidades a la larga cadena de funcionarios públicos” cuyas acciones y omisiones permitieron el fallecimiento bajo custodia de Quero Navas y, posteriormente, al fallecimiento de su madre, Carmen Teresa Navas, “tras haberla sometido a más de un año de tratos crueles e inhumanos en la búsqueda infructuosa de su hijo, al que se le mantuvo en situación de desaparición forzada tras su arresto arbitrario en enero del año 2025″.
La familia considera “sumamente grave” que, sin haberles permitido intervenir, con el apoyo de médicos independientes, en los exámenes médico-forenses que se realizaron sobre los restos de Víctor Quero tras su exhumación, y sin permitirles revisar y evaluar las conclusiones a las que se llegó en dichos exámenes, se hayan divulgado, sin autorización ni concurso, “como parte involucrada en la investigación sobre la muerte potencialmente ilícita de Víctor Hugo Quero Navas, los resultados de estos peritajes forenses como si ya fuesen concluyentes o finales”.
“Tampoco se menciona en dicho comunicado nada que indique que se están considerando, como parte de la investigación penal en curso, las responsabilidades legales que corresponden a los funcionarios públicos que violaron los derechos humanos de Víctor Hugo Quero Navas, siendo autores, cómplices o encubriendo su fallecimiento bajo custodia del Estado hace aproximadamente un año”, denuncia la familia en el comunicado.
Ante esa situación, exigieron al Ministerio Público y, en particular de la Fiscalía 80º con Competencia Nacional a cargo de la investigación, “el cese inmediato de cualquier acción u omisión que esté dirigida a absolver de sus responsabilidades a los agentes del Estado que estuvieron involucrados en las graves situaciones antes descritas”, y también que, con base en las leyes vigentes y en los parámetros establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, “se adelanten las investigaciones pertinentes respetando a las víctimas y con ética, objetividad, imparcialidad y transparencia”.
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— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) June 2, 2026
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