Caracas.- Un total de 15 organizaciones, entre ellas venezolanas y estadounidenses, exigieron este viernes 12 de junio a la Asamblea Nacional venezolana respetar los más altos estándares internacionales en materia de independencia judicial, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas en el proceso de renovación parcial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La AN, controlada por el chavismo, sustituirá a ocho magistrados que renunciaron o se jubilaron y escogerá a los que ocuparán las 12 vacantes creadas con la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que aumentó de 20 a 32 el número de sus miembros.
También designará al inspector de tribunales y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM).
Las organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy, la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la alianza global Civicus, el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) y Acceso a la Justicia señalaron en un comunicado que la designación «no puede responder a dinámicas de lealtad política, sino a una evaluación rigurosa de méritos profesionales, trayectoria jurídica, independencia y solvencia ética».
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En ese sentido, instaron a publicar un cronograma detallado que permita «conocer cada una de las fases restantes del proceso y sus plazos», difundir la lista de los aspirantes y sus hojas de vida y definir un baremo o criterios de calificación objetivos antes de las evaluaciones.
Además, exigieron establecer mecanismos de impugnación y emitir respuestas fundamentadas a cada una de las objeciones recibidas, así como garantizar «espacios reales de participación ciudadana».
Al respecto, explicaron que el proceso debe contemplar mecanismos que permitan a la sociedad civil seguir «cada etapa, presentar información relevante, conocer los criterios de evaluación y acceder a información suficiente sobre las decisiones adoptadas».
Esto lo consideran indispensable para «vigilar y verificar que la selección se realice de forma transparente, imparcial y conforme a estándares internacionales».
A juicio de las organizaciones, la independencia judicial es «especialmente relevante para las víctimas de violaciones de derechos humanos», ya que un TSJ autónomo e independiente «es una condición indispensable para garantizar su acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como para prevenir la repetición».
«Esto resulta particularmente importante en un contexto en el que persisten la criminalización y las detenciones arbitrarias por motivos políticos, prácticas represivas que no han sido erradicadas y frente a las que el Poder Judicial tiene un rol determinante», advirtieron.
Por último, las organizaciones exhortaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los mecanismos internacionales pertinentes a monitorear este proceso.
El plazo para las postulaciones a magistrados y otros cargos del TSJ finaliza el próximo miércoles, tras una segunda prórroga anunciada este jueves por el Parlamento.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
