Las ONG Laboratorio de Paz y Provea advirtieron sobre el riesgo institucional de que el Estado venezolano actúe al margen de sus propias leyes y de la Constitución, a propósito de la operación militar en el sur del estado Bolívar, que resultó en la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la banda criminal Tren de Aragua.
A través de sus redes sociales, ambas organizaciones coincidieron en señalar que el caso abre un debate urgente sobre los “límites del poder” y el riesgo de que la búsqueda de seguridad se imponga sobre el respeto a los derechos humanos.
“¿Queremos una justicia que elimine acusados o una justicia que permita conocer la verdad, identificar cómplices, desmontar redes criminales y rendir cuentas ante las víctimas?”, cuestionó el Laboratorio de Paz.
Rafael Uzcátegui, director de la ONG, reflexionó sobre la importancia del debido proceso, la rendición de cuentas y los riesgos de normalizar que el poder actúe fuera de los límites de la ley porque “una democracia no debe elegir entre seguridad y derechos humanos. Debe garantizar ambas”.
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¿Qué pierde una sociedad cuando una persona acusada de graves crímenes muere antes de enfrentar la justicia?
La noticia sobre la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como «Niño Guerrero», genera reacciones comprensibles en muchas víctimas de la… pic.twitter.com/Kp3gjCkkuc
— LabPazVe (@LabPazVe) June 14, 2026
“La cesión de soberanía ya es pública y notoria”
Por su parte, Provea denunció que la operación militar en Bolívar constituye una presunta violación de la soberanía territorial y podría configurar una ejecución extrajudicial, dada la ausencia de información oficial y la participación de fuerzas estadounidenses.
La organización recordó que desde 2016, con la creación del Arco Minero, el Estado permitió la expansión de economías criminales, el deterioro ambiental y la disputa violenta entre grupos armados irregulares y agentes estatales.
La cesión de soberanía en el sur de Venezuela no es nueva, lo nuevo es que ahora es pública y notoria:
El Comando Sur de Estados Unidos opera en territorio 🇻🇪 con la complacencia y coordinación del gobierno de Delcy Rodríguez.
Exigimos transparencia sobre los acuerdos que… pic.twitter.com/yhMvaM4qpf
— PROVEA (@_Provea) June 14, 2026
Provea recordó que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse bajo la obligación estricta, por parte de las autoridades del Estado, de garantizar la seguridad a la población.
“No puede desarrollarse sin respetar la Constitución y las instituciones, ni violando la soberanía nacional”, insistió la ONG al tiempo que hizo un llamado al Fiscal General Larry Devoe sobre el operativo realizado.
“Fiscal general, ¿tuvo conocimiento del operativo el Ministerio Público? ¿Se actuará conforme al Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas?”, se lee en el post.
Provea también señaló a la Defensoría del Pueblo y le pidió explicar qué hizo para garantizar que esta operación, conocida desde inicios de semana, se desarrollara con respeto a los derechos humanos.
La organización concluyó que la violencia y el control de grupos criminales en el sur de Venezuela “son el resultado de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos sobre la institucionalidad”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
