Familiares de los ciudadanos fallecidos durante las protestas antigubernamentales registradas entre finales de 2022 y los primeros meses de 2023 escenificaron este martes un enérgico rechazo al virtual triunfo electoral de la candidata derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.
Los portavoces de las víctimas argumentaron que la llegada al poder de la líder de Fuerza Popular representa una afrenta directa a la memoria de sus deudos y un blindaje definitivo a la impunidad.
Los manifestantes, nucleados en la Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas de 2022 y 2023, llevaron a cabo un plantón de protesta frente a la sede principal del Palacio de Justicia, en el centro de Lima.
Esta organización representa de manera jurídica y civil a los allegados de las 49 personas que perdieron la vida por proyectiles de armas de fuego y a los centenares de heridos que dejaron las movilizaciones que en su día exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) y la liberación del destituido exmandatario Pedro Castillo.
«No vamos a aceptar un gobierno de la hija de un dictador», expresó Milagros Samillán, principal vocera y coordinadora de la organización civil, cuyo hermano –médico– fue muerto por las fuerzas del orden en la localidad sureña de Juliaca mientras brindaba asistencia de primeros auxilios a manifestantes heridos.
Acusaciones de blindaje legislativo e impunidad
Samillán recordó que las familias de las regiones afectadas llevan tres años marchando de forma pacífica e ininterrumpida por los fueros judiciales en busca de sanciones penales.
Sin embargo, denunció que la bancada parlamentaria de Fuerza Popular operó de manera sistemática en el Congreso de la República como el principal escudo político y legal del régimen de Boluarte y de los ministros de Estado que refrendaron los planes operativos de la represión.
La portavoz manifestó que, desde el Poder Legislativo, el fujimorismo y sus aliados políticos promovieron e impulsaron un paquete de reformas normativas orientadas a dotar de amparo legal e impunidad a los agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas encausados por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
Acompañados de gigantografías con los rostros de los fallecidos en localidades del centro y sur andino como Ayacucho, Apurímac, Juliaca, Junín y Macusani, los deudos recalcaron que Keiko Fujimori –hija y heredera política del exautócrata Alberto Fujimori (1990-2000)– carece de representatividad e idoneidad moral.
Sostuvieron que el veredicto de las urnas en el sur del país otorgó un respaldo «contundente» a la opción de izquierda liderada por Roberto Sánchez.
«Venimos tres años caminando en las calles y no vamos a parar. Haremos frente a un gobierno dictador; vendremos a la capital las veces que tengamos que venir para decir ‘no más impunidad, no más blindaje a los responsables de los asesinatos y de las masacres vividas en nuestras regiones», advirtió Samillán.
La agrupación alertó que la reinstauración del fujimorismo en el Palacio de Gobierno de Lima propiciará un serio retroceso en materia de derechos humanos y libertades civiles a escala nacional.
Impugnación de legitimidad y movilización social
Más allá de los reclamos por las violaciones de los derechos fundamentales, la asociación civil tachó de «ilegítimo» al futuro Ejecutivo, alegando la existencia de anomalías e irregularidades en el procesamiento del sufragio emitido en el extranjero, circuito electoral donde la postulante derechista obtuvo ventaja decisiva.
Los deudos exigieron explicaciones públicas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE respecto a los motivos por los cuales el voto exterior no fue digitalizado bajo las mismas directrices de la primera vuelta, modificando los protocolos logísticos en el tramo final del escrutinio.
«Responsabilizamos a Keiko de lo que pase en las calles porque sabemos cómo fue el pasado fujimorista y también cómo ha actuado en la actualidad con leyes procrimen y el blindaje de responsables», dijo la dirigente al anunciar que colectivos estudiantiles, gremios obreros y movimientos agrarios del país se encuentran coordinando asambleas populares para articular una resistencia civil organizada frente al próximo mandato.
La asociación rechazó las campañas de estigmatización mediática, precisando que exigir justicia en los tribunales no los convierte en «terroristas», sino en ciudadanos peruanos despojados de sus seres queridos por la violencia de Estado.
Con el escrutinio oficial en 99%, la brecha que separa a Fujimori de Sánchez ronda los 30.000 votos de diferencia.
No obstante, las proyecciones estadísticas señalan como inminente el triunfo de la candidata de Fuerza Popular en este, su cuarto intento por acceder a la jefatura del Estado, dado que el volumen principal de las actas pendientes de contabilización proviene de los distritos residenciales de la capital peruana, donde Fujimori ostenta holgada mayoría.
Con información de Efe.
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