El doble terremoto del 24 de junio ha evidenciado las falencias del Estado nacional en su contrato con los ciudadanos y ha ahondado la sensación de orfandad de la población.
El informe “El Estado abdicó su deber de proteger” elaborado por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón devela cómo la inoperancia institucional, la burocracia y la censura no solo vulneraron derechos fundamentales, sino que sometieron a orfandad estatal a miles de ciudadanos.
Es una circunstancia que ya existía, pero que se ha agravado aún más. El movimiento telúrico que vivió la nación se ha presentado como el indeseado corolario de una crisis política que no se acaba nunca, en parte porque quienes conducen el país no quieren que se acabe. Una crisis que tiene casi la misma duración que la propia revolución bolivariana.
En este contexto, la disruptiva muerte de familias enteras y la proliferación de daños colaterales por todos los rincones terminan configurando un acumulador de irritación ciudadana. Todavía no podemos apreciarlo del todo, pero el terremoto del 24 de junio termina siendo un antes y un después en el vínculo que tiene la ciudadanía venezolana con el Estado. En el chavismo está muy fundamentado el hábito de restarle importancia a esta peligrosa circunstancia. Y aunque la impopularidad no hace sino crecer, siguen mandando.
La lenta respuesta del Estado
Durante demasiados años, el oficialismo chavista ha renegado muchas veces de las potencialidades del sector privado y del alcance de la ayuda internacional, sobre todo si no se trata de naciones amigas. Siempre reivindicando su competencia sobre todas las áreas de la gestión del país. El terremoto ha tomado un nuevo retrato: la tragedia colectiva ha encontrado una respuesta lenta y poco satisfactoria de aquellos que constitucionalmente tienen la obligación de actuar con diligencia y sentido de la oportunidad en las operaciones de socorro. El Estado venezolano es más inoperante y flácido en la misma medida en la cual quiere asumir más atribuciones.
El documento de JEP resalta cómo décadas de desfinanciamiento técnico y politización de los cuerpos de rescate obligaron a que la propia sociedad civil, vecinos y voluntariado local tuvieran que sostener “con sus propias manos el paso primario de la emergencia” ante la inacción inicial de las autoridades.
Por lo demás, al desencadenarse la tragedia natural, la controvertida presencia estadounidense en el país parece arraigarse y volverse habitual entre nosotros. La circunstancia plantea nuevas interrogantes a la muy popular aspiración de unas elecciones presidenciales y la definitiva reconquista de la democracia. Las esperadas elecciones generales que restauren la soberanía popular, le otorguen un mandato legítimo al poder nacional y contribuya a normalizar definitivamente las cosas en Venezuela.
El tutor y el tutelado
La actual administración estadounidense consolida sus relaciones con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, galvanizando con el oficialismo chavista un nuevo e inesperado status quo. Ahora los representantes diplomáticos de Washington expresan su beneplácito por los términos de la colaboración institucional con Caracas y se muestran conformes con las relaciones de trabajo entre ambos países.
Entretanto, el liderazgo de la oposición venezolana sigue teniendo una incomprensible dificultad para plantearle a la Casa Blanca las urgencias del país en materia de democratización y crisis humanitaria. La ausencia de un eje para que la estrategia opositora pueda aumentar su volumen de juego en el marco actual, contribuye a ahondar en la desesperanza y la sensación de ruina.
Tampoco ayuda la retórica estadounidense. Incluso el exembajador norteamericano James Story, entrevistado por los directores de ARI en La conversa criticaba la falta de una política clara en la administración actual, que no exige condiciones necesarias para la restauración democrática, como la liberación de presos políticos o cambios institucionales y en ocasiones se limita solamente a la firma de memorandos de entendimiento económicos.
María Corina Machado ―teóricamente, una líder que puede encontrar muchas simetrías con el liderazgo de republicano actual― ha recibido un veto para regresar al país, y, al parecer, poco puede hacer al respecto, salvo esperar a que cambie la dirección del viento. Sus vínculos personales con el volátil e impredecible Donald Trump tienen rato en una zona de estancamiento.
¿La democracia tendrá que esperar?
El liderazgo actual en Washington ―Trump; pero también Marco Rubio, Vance, Hegseth y compañía― ni siquiera emplea el vocablo “democracia” cuando se tiene que referir a lo que ocurre en Venezuela. No parece que fuera un tema de interés. Proliferan versiones informativas en torno al presunto disgusto del magnate estadounidense ante la insistencia de Machado en regresar o, en todo caso, en adelantar estrategias por su cuenta que le arruinen el modelo de negocios que pretende instaurar en el país.
La gran mayoría de la población quiere unas elecciones libres, el regreso de la democracia y el Estado de derecho. Pero, aunque parezca mentira, aunque cueste creerlo, el regateo ante la urgencia no es solo un ardid de la revolución: también se puede palpar con facilidad en los gobernantes actuales estadounidenses. La nación de Washington, Jefferson, Jackson y Lincoln.
Un siniestro e inexplicable contubernio, adelantado en los dos extremos del tablero político ―la extrema izquierda populista y sus pares en la extrema derecha anglosajona―, se cierne sobre los venezolanos, clausurando en lo inmediato sus posibilidades de futuro, la aspiración a tomar decisiones para conducir su destino. El aliado del chavismo ahora está en la Casa Blanca. Es la hora de los negocios. Tenemos que esperar.
Donald Trump centra su atención en la gestión de leyes económicas para sus propios intereses, y, entretanto, nos pide a todos paciencia. Paciencia, luego del terremoto.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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