El Colegio Nacional de Periodistas seccional Monagas Delta Amacuro (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) rechazaron el llamado hecho por la gobernación de esta entidad oriental, en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se sugirió que no se hiciera cobertura ni se entrevistara a las personas damnificadas por los terremotos del pasado 24 de junio que llegaron a casas de familiares en las últimas semanas.
A través de un comunicado, la institución gremial recordó las garantías constitucionales y legales que protegen el ejercicio del periodismo y el derecho a las personas a estar informadas sobre asuntos de interés público.
«Exigimos a la Gobernación el cese inmediato de cualquier medida de coacción, persecución o veto hacia los reporteros que dan cobertura a la situación de los damnificados. El CNP Monagas – Delta Amacuro se mantiene en alerta permanente en defensa de la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión», dice el texto difundido por la organización.
Este 16 de julio, el gobernador Ernesto Luna convocó a representantes de diversos medios de comunicación regionales y corresponsales de canales y emisoras nacionales, a quienes no solo invitó a sumarse a una iniciativa gubernamental para ayudar a los damnificados del doble terremoto del 24 de junio.
También les recomendó que pausaran la publicación de información o entrevistaran a los afectados al alegar razones de salud mental, una sugerencia que hizo un psicólogo clínico presente en ese encuentro celebrado en el Palacio de Gobierno regional. El Sntp detalló que exhortaron a los medios a no informar en un lapso de 15 días a tres meses.
El CNP recordó que «dar voz a las víctimas de una tragedia natural no es una provocación política; es un deber profesional, humano y periodístico. Silenciar a los damnificados no desaparece la crisis solo desampara a los ciudadanos».
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Mencionaron que después de la tragedia, la dirección nacional del gremio publicó una guía de recomendaciones a seguir para una cobertura ética, profesional y humana de esta tragedia para evitar desinformación, revictimización de los afectados y amarillismo.
El Sntp agregó que el gobernador dijo que cualquier información relacionada con los damnificados debía pasar por un filtro del Poder Ejecutivo e incluso amenazó con acciones judiciales. «El gobernador también advirtió que determinadas coberturas periodísticas podrían derivar en acciones judiciales», denunció el Sindicato.
En Monagas no es la primera vez que se dan episodios de este tipo. En reiteradas ocasiones, el CNP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y ONG defensoras de la libertad de expresión y el acceso a la información han hecho llamados a las autoridades regionales para que cesen políticas restrictivas para el ejercicio de la profesión.
Entre ellas está la prohibición del Ejecutivo regional para que periodistas puedan acceder al hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín a recoger denuncias sobre fallas en el principal centro asistencial de Monagas, una práctica heredada desde la gestión de Yelitze Santaella que solo se ha acentuado en la actual administración.
Sobre las peticiones que hizo Luna, el Sindicato indicó que «constituyen un intento de censura previa y una restricción ilegítima al ejercicio del periodismo. Ninguna autoridad puede decidir qué hechos pueden ser cubiertos ni impedir el acceso de la prensa a fuentes de información de interés público».
Mientras que el CNP resaltó que «el compromiso del periodista es exclusivamente con el pueblo y la verdad, no con las directrices o intereses de los gobiernos de turno», como lo establece el Código de Ética de la profesión.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
