Por Mariangel Moro Colmenárez y Kemberly Talero
Caracas.- 23 días después de los terremotos en Venezuela, la normalidad todavía no vuelve por completo a La Guaira. Aún cientos de familias continúan buscando entre los escombros a sus seres queridos, intentando recuperar pertenencias o esperando respuestas sobre viviendas y edificios que colapsaron, y otros miles de trabajadores enfrentan otra urgencia: volver a generar ingresos.
Después de los primeros días de la emergencia, cuando la prioridad fue atender a familiares afectados, ayudar en las labores de rescate y enfrentar el impacto emocional de la tragedia, comenzó una nueva preocupación para muchos habitantes de la entidad: cómo volver a trabajar para poder comer.
Hoy algunos trabajadores independientes intentan reconstruir sus actividades desde cero, con apoyo de familiares, amigos y clientes. Otros empleados formales enfrentan una realidad distinta: la suspensión temporal de sus relaciones laborales y la incertidumbre sobre cuándo volverán a recibir ingresos. La tragedia modificó las rutinas de miles de guaireños que ahora intentan levantarse en medio de pérdidas materiales, negocios destruidos y una economía que busca adaptarse a una nueva realidad.
“Perdí lo que me daba para el sustento de mi hijo”
Rolmary Castro tiene 25 años, es manicurista y vive en Punta de Mulatos, La Guaira. Es madre de un niño de dos años y, antes de los terremotos, había logrado construir una clientela y una fuente de ingresos estable trabajando en un estudio de uñas ubicado en el centro comercial El Escuadrón, en Caribe.
Ese espacio, donde compartía labores con otras tres personas, quedó completamente destruido tras el movimiento telúrico. “Me estaba yendo muy bien, me estaba dando a conocer, ya tenía muy buenas clientas y aquel 24 de junio lo cambió todo”, contó a El Pitazo.
Aunque agradece que su familia está con vida y que no perdió su vivienda, como ocurrió con otras personas en la entidad, sí perdió aquello que le permitía sostenerse económicamente.
“Perdí lo que me daba para mi sustento y el de mi hijo”, lamentó. Cuando intentó ingresar al estudio para recuperar sus herramientas y materiales, encontró que el área donde trabajaba había quedado completamente aplastada. Todo el centro comercial colapsó.
“Era un estudio que tenía cinco años y se perdió todo en menos de un minuto. Gracias a Dios ese día no trabajamos porque era feriado y estábamos libres”, relató. Pero la tragedia también dejó una pérdida humana. Una de las cuatro personas que trabajaban en el lugar, quien se desempeñaba como recepcionista, falleció tras el colapso de la estructura.
Un mes antes del terremoto, Rolmary había invertido en materiales para fortalecer su negocio. Sin embargo, durante las primeras semanas posteriores al desastre su atención estuvo enfocada en ayudar a su familia. Después de 20 días entendió que necesitaba comenzar nuevamente. “Mi trabajo no es de primera necesidad, lo sé, pero es mi sustento y el de mi hijo y debo tomarlo nuevamente”, afirmó.
Con ayuda de su pareja ha logrado comprar algunos materiales básicos para comenzar desde cero. Actualmente ofrece sus servicios a domicilio mientras busca un espacio donde pueda instalar nuevamente su equipo. Publicó en redes sociales su situación y explicó que necesitaba trabajar. Algunas personas se solidarizaron y la ayudaron con materiales.
“Estamos sobreviviendo con unos ahorros que teníamos, pero eso se acaba rápido. Ahora esperamos que las clientas puedan solicitar el servicio porque todos necesitamos volver a empezar”.
Trabajadores del Colegio San Vicente de Paúl quedaron en incertidumbre
Mientras trabajadores independientes buscan alternativas para recuperar sus ingresos, empleados de algunas instituciones privadas denuncian que la consecuencia de la tragedia fue la suspensión temporal de sus puestos de trabajo.
Es el caso de trabajadores del Colegio San Vicente de Paúl, ubicado en Maiquetía, quienes aseguron que fueron notificados de una suspensión laboral hasta nuevo aviso. La medida fue anunciada durante una reunión realizada el 15 de julio con trabajadores administrativos, obreros, docentes y personal de vigilancia. En el encuentro estuvieron presentes la administradora del colegio, el rector de los Padres Paúles y el abogado asesor de la institución.
Según relataron trabajadores consultados, el abogado informó que, debido a la situación generada tras los terremotos, la institución aplicaría los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), relacionados con la suspensión de la relación laboral por causas de fuerza mayor.
“Nos quedamos en shock. Más o menos sabíamos lo que iba a pasar”, relató una trabajadora.
Los empleados preguntaron por el pago de los cestatickets y otros beneficios, pero aseguran que recibieron como respuesta que no habría cancelación de remuneraciones mientras dure la suspensión. También manifestaron preocupación porque están a pocos días del inicio de las vacaciones escolares y aún no reciben el bono vacacional.
Según los trabajadores, la institución informó que las cuentas están en cero y que no cuentan con recursos para cancelar ese beneficio ni para adelantar prestaciones sociales. “No tienen para liquidar a ninguno de los trabajadores de la institución”, señalaron.
Los empleados aseguraron que tampoco recibieron una garantía de que esos pagos serán cancelados posteriormente cuando puedan reincorporarse. La quincena, que debió ser depositada hace dos días, continúa pendiente.
Los trabajadores cuestionan que, al estar próximo el cierre del año escolar, la institución debería contar con una planificación financiera para cubrir compromisos como vacaciones y beneficios laborales. También dijeron desconocer el estado real de las cuentas bancarias del colegio y el proceso legal que acompañó la decisión de suspender los contratos.
El Colegio San Vicente de Paúl también sufrió daños materiales por los terremotos. Los trabajadores explicaron que hubo afectaciones en paredes, frisos y bloques, mientras que la capilla fue la zona más afectada. Sin embargo, aseguran que el edificio permanece en pie y que los daños pueden ser recuperados.
La comunidad educativa también quedó marcada por una pérdida humana: 14 estudiantes fallecieron durante los terremotos; cuatro pertenecían a Educación Media General y diez a primaria.
La institución cuenta con una nómina conformada por 12 maestras, 20 docentes, cinco especialistas, tres coordinadores, tres integrantes del equipo directivo —director, subdirectora y administradora—, dos psicopedagogas, un psicólogo, cinco administrativos, un jefe de servicios generales, dos suplentes y nueve obreros.
Los docentes tienen ingresos que varían según su categoría, entre 250 y 300 dólares mensuales, además de un bono de transporte de 40 dólares y el beneficio de alimentación. Para muchos trabajadores, ese salario representa su única fuente de ingreso. Algunos representantes han expresado su disposición de continuar pagando las mensualidades para apoyar a los docentes y contribuir con la recuperación de la institución.
El deporte también paralizó sus actividades
La crisis laboral derivada de los terremotos alcanzó a todos. El Club Sport Marítimo de La Guaira, equipo de Segunda División de la Liga Venezolana de Fútbol, informó el 15 de julio la suspensión temporal de sus actividades y de las relaciones contractuales vigentes con sus trabajadores, una plantilla de más de 200 personas.
La directiva señaló que la magnitud de la tragedia generó un escenario de caso fortuito y fuerza mayor que impide el funcionamiento regular de la institución. En un comunicado dirigido a trabajadores, deportistas, entrenadores, patrocinantes y opinión pública, el club aseguró que la prioridad era proteger la integridad física y emocional de todos los integrantes de la organización.
La institución expresó su intención de retomar sus actividades cuando las condiciones lo permitan.
¿Qué estipula la ley?
El abogado Alejandro Di Silvestro, experto en derecho laboral, explicó a El Pitazo que la legislación laboral venezolana contempla la fuerza mayor como una causa para terminar la relación de trabajo. Debido a la magnitud del doblete sísmico, este se considera un hecho que no requiere pruebas adicionales para ser validado legalmente.
“Evidentemente, esto es un hecho notorio que no necesita prueba adicional a lo que ya se conoce por las noticias”, dijo Di Silvestro.
Sin embargo, aclaró que cada empresa debe demostrar que los daños sufridos le impiden realmente continuar con su actividad comercial para poder aplicar esta medida.
Existen dos niveles de consecuencias legales tras un desastre: la suspensión temporal o la terminación definitiva de la relación laboral. Durante una suspensión, el patrono no tiene la obligación de pagar salarios mientras se restablecen las condiciones mínimas para operar. “Si las condiciones no permiten la continuación de la prestación del servicio, el patrono no está obligado al pago de los salarios”, señaló el experto.
Si la interrupción de actividades supera los 60 días, la ley permite evaluar si el vínculo laboral resulta inviable y declararlo terminado por fuerza mayor.
En el caso de las personas que trabajan bajo la modalidad de honorarios profesionales, la situación se rige por el Código Civil y no por la Ley del Trabajo. En este escenario, la fuerza mayor libera a ambas partes de sus compromisos contractuales mientras dure la emergencia. “La consecuencia lógica e inmediata es que se suspende el cumplimiento de las obligaciones de las dos partes”, afirmó.
Esto significa que el trabajador no está obligado a prestar el servicio ni el contratante a pagar por él.
Di Silvestro destacó que la precariedad del sistema de seguridad social en el país agrava la situación económica de los afectados por el terremoto. Las cotizaciones actuales, basadas en salarios que han perdido su valor real, impiden que existan fondos de contingencia para proteger al trabajador en estas situaciones.
“El diagnóstico de la economía obliga a revisar la estructura económica de la relación de trabajo y la protección social del trabajador”, apuntó el abogado.
Para el especialista, la tragedia evidencia la necesidad de discutir un modelo de protección que sea financieramente sostenible.
Turismo: más de 7.000 empleos afectados
Uno de los sectores más golpeados por la emergencia es el turismo, una de las principales actividades económicas de La Guaira. Recientemente, el presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), Alberto Vieira, informó que al menos 7.650 empleos directos pertenecientes a unos 1.150 negocios prestadores de servicios turísticos quedaron afectados tras los terremotos.
Vieira explicó que antes de la tragedia La Guaira lideraba la ocupación hotelera de la región, con cifras superiores al 50% y con temporadas altas que podían alcanzar hasta 90%. Sin embargo, advirtió que en el corto plazo el turismo no tendrá el mismo comportamiento debido a las consecuencias de la emergencia.
La disminución de visitantes impacta no solo a hoteles, sino también a restaurantes, comercios, transporte y trabajadores que dependen de esa actividad.
Fedecámaras prepara plan de reinserción laboral
Como respuesta a la tragedia, Fedecámaras prepara un proyecto para la reinserción laboral de las personas afectadas por los recientes terremotos. Esta iniciativa es una ampliación de un plan de reubicación que la organización ya trabajaba junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), originalmente diseñado para venezolanos retornados.
“Estamos ampliando un poco el alcance de un proyecto que ya estábamos haciendo”, afirmó Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, en conversación telefónica con El Pitazo.
El plan se encuentra actualmente en fase de planificación, por lo que sus resultados no serán inmediatos. Capozzolo explicó que el proyecto está en proceso de aprobación por parte de la Comisión de Seguimiento y Recuperación Económica de Fedecámaras y que también requieren concretar fuentes de financiamiento para su ejecución.
“Es un proceso lento, es un proceso que va muy poco a poco”, señaló el representante gremial. Hasta el momento, el ente empresarial no cuenta con cifras definitivas ni con un censo sobre la cantidad de trabajadores desempleados o empresas afectadas por el sismo, debido a que una unidad de análisis económico culmina la recolección de datos en 110 cámaras del país.
Para financiar este programa de reinserción, Fedecámaras prevé establecer un fideicomiso con un banco nacional que permita recibir donaciones de empresas interesadas en colaborar. La plataforma tecnológica contemplada para el proyecto incluirá un botón de reubicación laboral tanto para venezolanos retornados como para las personas afectadas por la tragedia.
La institución estima que para agosto podrá implementarse la fase de registro de personas desempleadas y comenzar la captación de los primeros aportes económicos. Mientras avanza esta iniciativa, las empresas privadas continúan atendiendo de manera individual a sus trabajadores afectados.
“Debemos levantar un poco la cabeza y ser conscientes de que la vida para los afectados va a seguir”, expresó Capozzolo.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
