Las familias de los presos políticos llevaron a cabo la vigilia número 193 frente a las instalaciones de El Rodeo I para exigir el respeto a la vida, la integridad física y la dignidad de los detenidos. Esta reunión de oraciones y de protesta pacífica se convocó de manera especial por la crisis dentro de este centro penitenciario, donde los detenidos enfrentan amenazas violentas, aislamiento por denunciar irregularidades, un cuadro diarreico persistente que necesita de atención médica y la falta de protocolos de evacuación ante emergencias sísmicas.
Esta jornada representa un seguimiento a las denuncias hechas el 18 de julio, cuando los familiares alertaron de que los prisioneros se mantenían reunidos en un área común bajo estricta vigilancia, y se negaban a entrar en las celdas hasta que se realizara una inspección a la infraestructura por el reciente doblete sísmico.
Durante el 24 de junio, los presos quedaron encerrados por casi 45 minutos sin ningún tipo de resguardo ni plan de contingencia por parte de los funcionarios del recinto. Las advertencias y amenazas para obligarlos a regresar a las celdas inseguras han sido atribuidas al Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) y otros grupos violentos.
Durante la reunión de oraciones, el ex preso político y dirigente opositor Freddy Superlano acompañó a los familiares a las afueras del recinto penal para conectar y reiterar el reclamo y la exigencia de liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas.
“Todas las noches, a las 7:00 p. m., nos reuníamos en el pasillo a orar con mis compañeros de celda. Sé que estas actividades también les llegan”, expresó Freddy Superlano.
El dirigente político destacó la importancia de mantener una presencia constante en la fe para brindar fortaleza a quienes resisten las condiciones de confinamiento, y recordó cómo las oraciones comunitarias representaban un alivio mental en los pasillos del recinto.
Falta de respuestas
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos enfatizó que en otros centros de reclusión, como Ramo Verde, La Crisálida, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Yare y el Fuerte Guaicaipuro, persisten los mismos patrones de aislamiento prolongado, restricciones arbitrarias a las visitas, falta de atención médica y condiciones que no siguen los estándares de la dignidad humana.
El deterioro de las condiciones empeoran por las posturas asumidas por las autoridades del Estado. La crisis dentro del recinto penal se profundizaron tras un encuentro el pasado 13 de julio entre familiares de las víctimas y voceros del Ministerio para el Servicio Penitenciario. En la reunión las autoridades negaron las denuncias, descalificaron la labor de las organizaciones de derechos humanos y omitieron asumir compromisos para sancionar a los custodios e inspectores involucrados en los maltratos.
Finalmente, las organizaciones defensoras reiteraron que el Ministerio para el Servicio Penitenciario tiene la obligación legal de garantizar la vida y la salud integral de las personas bajo custodia del Estado. Los voceros señalaron que el gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha cumplido sus promesas de libertad ni ha ofrecido soluciones efectivas frente a las graves violaciones de derechos humanos, por lo que se sigue vulnerando la vida en las cárceles venezolanas.
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