El anuncio del inicio del proceso por el que Miraflores pretende sacar a Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) no detendrá la investigación que desde 2018 inició la institución sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante la gestión de Nicolás Maduro.
La ONG Laboratorio de Paz destacó que implicaciones podría tener el anuncio que este mismo 24 de julio hizo el canciller de Delcy Rodríguez, Félix Plasencia.
“La investigación ya abierta continúa. El mismo artículo 127.2 es muy claro: la retirada no afecta las investigaciones y procedimientos que ya habían comenzado antes de que la retirada sea efectiva, ni impide que la Corte siga examinando asuntos que ya estaban bajo su consideración”, explicó la organización no gubernamental en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Añadieron que es un proceso no inmediato como lo establece el mismo Estatuto de Roma. Una vez que se formalice la petición de salirse de la CPI; es decir, que se emite la denuncia contra la Corte se necesita un año que se cuenta desde que el secretario general de la ONU, recibe la notificación del país denunciante.
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Desde cuándo Venezuela es parte de la CPI
Bajo el gobierno del fallecido Hugo Chávez, Venezuela ratificó la validez del Estatuto de Roma el 7 de junio del año 2000. Y desde el primero de julio de 2022, la CPI puede “ejercer su jurisdicción sobre los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en territorio venezolano o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002”, recuerda la misma Corte.
Laboratorio de Paz explica que la Corte mantiene la jurisdicción sobre el país mientras era miembro de la instancia, por lo que la investigación está activa ya que se investigan hechos cometidos a partir del año 2014.
“Por ello, la Corte conserva competencia sobre esos presuntos crímenes”, destacó la ONG.
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Por qué la CPI investiga a Venezuela
En el año 2018, un grupo de países remitió a la CPI una petición para investigar posibles crímenes tipificados bajo la jurisdicción de la Corte por parte del gobierno de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
Esos países fueron Argentina, que posteriormente con el gobierno de Alberto Fernández se retiró de la solicitud; Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Luego se añadieron Uruguay y Ecuador.
Y tres años después, en noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI concluyó que había bases suficientes para pasar de la etapa preliminar a la fase de investigación, anunció que hizo el fiscal Karim Khan desde Venezuela en una comparecencia acompañado de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
El chavismo desde entonces ha intentado retrasar el proceso. En abril de 2022, pidieron que se hiciera por acciones que tomó la justicia en el país, pero la Fiscalía dijo que la investigación debía continuar.
En noviembre de ese año, Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar el proceso. Los jueces escucharon argumentos de las partes involucradas y finalmente en junio de 2023 autorizó continuar el caso que se conoce como Venezuela I.
Miraflores introdujo una solicitud para investigar a Estados Unidos por las sanciones unilaterales en su contra, pero la Corte después de varios años la desestimó, específicamente en marzo de este año.
Y aunque de nuevo buscaron que no avanzara la investigación con un recursos que llevaron en marzo de 2024, la apelación no surtió efecto por parte de Miraflores que en reiteradas ocasiones ha acusado a la CPI de actuar por parcialidad política y favoreciendo los intereses de Estados Unidos.
Qué pasará después que se salga de la CPI
Laboratorio de Paz dijo este 24 de julio que se vendrán cambios a partir de esta decisión de Miraflores.
“Lo que cambia es el futuro. Una vez que la retirada sea efectiva, la Fiscalía no podría abrir una investigación completamente NUEVA sobre hechos posteriores a la salida, salvo que existiera otra base de jurisdicción, como una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU o una aceptación posterior de jurisdicción por parte del propio Estado”.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
