El 24 de junio, dos terremotos sacudieron a Venezuela y revelaron dos realidades irreconciliables. Por un lado, la propaganda oficial transmitió un despliegue impecable: miles de funcionarios movilizados en minutos, puentes aéreos operativos y fondos de ayuda activados al instante.
Por el otro, el silencio y el desamparo sepultaron a las víctimas en las 72 horas más críticas del desastre. En ese lapso, conocido como la ventana vital para salvar vidas, la respuesta institucional no llegó y fue la propia ciudadanía la que tuvo que escarbar entre los escombros para rescatar a los suyos.
Mientras el gobierno afirmaba controlar la emergencia, Rómulo Gedler caminaba entre el caos de La Guaira buscando a su madre atrapada en un piso 9 y asimilaba una dura certeza: los bomberos eran los familiares de las víctimas.
Versión promovida por el oficialismo
En un video publicado en los canales del Ministerio para la Comunicación y la Información, el oficialismo calificó su actuación como inmediata y efectiva. Según este relato gubernamental, el despliegue de seguridad y rescate comenzó apenas minutos después de los sismos e inició con 2500 efectivos de la FANB, la PNB y Protección Civil, una cifra que, según afirmaron, escaló posteriormente a 25 000 funcionarios apoyados por un puente aéreo logístico.
El oficialismo sostuvo que la respuesta institucional siguió un cronograma estricto bajo las órdenes de Delcy Rodríguez, quien decretó la emergencia nacional y declaró a La Guaira como zona de desastre la misma noche del 24 de junio. En dicha versión se aseguró que, en un lapso de seis horas, se solicitó apoyo a las Naciones Unidas para la llegada de rescatistas internacionales, quienes supuestamente aterrizaron en el país antes del amanecer del día siguiente. Asimismo, afirmaron que se ordenó la atención inmediata de los heridos tanto en el sistema de salud público como en el privado.
Respecto a la gestión económica y social, el oficialismo recordó la activación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción y asignado bonos de ayuda a través del Sistema Patria 12 horas después del evento. En el material audiovisual se indicó que la presidenta encargada –bajo tutela estadounidense– inspeccionó los protocolos de atención y que se coordinó con el sector privado el envío de maquinaria para despejar las vías. Además, la versión gubernamental justificó la militarización de La Guaira como una medida necesaria para “garantizar el flujo logístico de emergencia” y el acceso de la ayuda humanitaria.
Finalmente, el oficialismo aseguró que para el 27 de junio ya se encontraban trabajando más de 30 000 personas en la zona de desastre, incluyendo médicos, psicólogos y militares. Según sus cifras, en la denominada “ventana vital” de 72 horas, habrían rescatado con vida a miles de ciudadanos, habrían garantizado más de 12 000 atenciones médicas y resguardado a 3142 familias en lo que denominaron “campamentos transitorios dignos”.
“Entendí que el bombero tendría que ser yo”
La narrativa del despliegue masivo y la atención inmediata se desmorona al escuchar a quienes estuvieron atrapados al otro lado de la emergencia. Para Rómulo Gedler, de 32 años, las horas posteriores al doble terremoto no estuvieron marcadas por ambulancias ni rescatistas estatales, sino por la desesperación de saber a su madre -de 66 años-atrapada en el piso 9 de las Residencias Costa Dorada, ubicada en Playa Grande.
El doblete sísmico destruyó casi la totalidad de su vivienda. “De ese lado del edificio se fue el 90% del apartamento hacia abajo, incluyendo la entrada de mi casa. Únicamente quedó un pedacito de la sala, el pasillo de lavandería, un baño y un cuartico pequeño, este último fue el lugar donde ella se refugió por casi tres horas”, relató Gedler en entrevista con Runrun.es. Desde Caracas, inició una travesía a pie y pidiendo cola en la autopista para intentar socorrerla en medio del caos.
Al llegar a La Guaira, la ausencia de los cuerpos de auxilio prometidos por la propaganda estatal fue evidente. “Catia la Mar estaba sumida en una histeria colectiva. Había gente saliendo de los escombros, polvo suspendido en el aire, estructuras colapsadas y focos de incendio por todas partes. La avenida era un cementerio de escombros y personas corriendo despavoridas. Vi horrores en cada esquina. Caminaba con la esperanza de encontrar un bombero, pero fue imposible; no había nadie atendiendo las emergencias. Poco a poco asimilé la dura realidad: el bombero tendría que ser yo”, recuerda.
La ayuda institucional jamás llegó a su edificio. El rescate de su madre, ocurrido cerca de las 9:00 de la noche, fue una labor puramente familiar. “Pudo rescatarla finalmente un tío y un vecino, a eso de las 9 de la noche, se tuvo que romper una pared del apartamento de al lado”, explica Rómulo, señalando que esa brecha en la pared del vecino representó la única vía de escape física tras la destrucción del acceso principal.
Gedler recalca que el abandono estatal no fue una percepción aislada de su familia, sino un patrón generalizado en el sector. Dijo haber visto que la ayuda se concentraba, en su mayoría, en la Opppe 36, donde se ubican las residencias Luisa Cáceres de Arismendi; y en el Urbanismo Hugo Chávez, ambos de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“Se nota que no estaban preparados para afrontar desastres. Desde un principio no se vio a ningún bombero ni funcionario de defensa civil, la respuesta mínima tardó bastante en llegar, no se dio la atención debida ni rápida en las primeras horas”, relata.
Incluso, la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros colindantes quedó a la deriva. “En el primer mes únicamente se contó con la ayuda de voluntarios y familiares de los desaparecidos, en estos últimos días sí se ha visto más movimiento de entidades estatales para ayudar a sacar los restos de aquellos familiares que aún no han podido tener un cierre”, concluye.
La huella digital que no pudo ser borrada
Las fallas en la gestión del desastre no solo quedan al descubierto con el testimonio de Rómulo Gedler, sino también cuando las denuncias sobre la inacción y el rol de los cuerpos de seguridad cobraron fuerza. La retórica oficial sobre un operativo impecable colisionó con la realidad en el terreno, donde la presencia del Estado se tradujo en obstáculos para el socorro y en maniobras comunicacionales para maquillar la ausencia institucional.
El 28 de junio, en el sector Caraballeda, decenas de personas que trabajaban exhaustas en las labores de socorro confrontaron a un grupo de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que se limitaba a vigilar la zona. Un voluntario con mascarilla y linterna en el rostro encaró a los funcionarios armados y les exigió sumarse al trabajo físico: “Para echarnos plomo y coñazo, sí. Cuando están en la autopista en la Francisco Fajardo son malotes. Demuéstrenme su maldad aquí con un pico y una pala”, reclamó uno de ellos, ante la mirada inerte de los militares.
Esa misma fijación por la vigilancia paralizó las tareas de salvamento de equipos especializados. El 29 de junio, Francisco Lermanda, representante de la organización de rescatistas Topos de Chile, denunció que militares venezolanos hostigaron repetidamente a su personal dentro de la zona de desastre. Mientras los rescatistas trabajaban en los túneles de edificios colapsados, los funcionarios armados interrumpían las maniobras para exigirles documentos de identidad bajo la sospecha de un presunto espionaje.
A este patrón de amedrentamiento se sumaron los intentos del aparato estatal por fabricar una imagen de eficiencia. El 29 de junio, la propia FANB publicó un video en sus redes sociales para mostrar a sus uniformados en supuestas tareas de salvamento. Sin embargo, la reacción de la ciudadanía en las plataformas digitales fue inmediata: cientos de usuarios señalaron que los militares solo movían tierra y piedras de forma improvisada, sin seguir ningún protocolo real de búsqueda de sobrevivientes. Ante la ola de indignación y las críticas que exponían el montaje, la institución armada terminó eliminando la publicación horas más tarde.
La lenta respuesta del Gobierno en la emergencia quedó asentada en un informe de Transparencia Internacional, en donde se comparó el despliegue de las autoridades venezolanas con las de otros países que enfrentaron desastres socioambientales.
De acuerdo con este reporte, el despliegue de autoridades a las 24 horas era de solo 12,6%; a las 48 horas fue de 38,6% y al octavo día aún no llegaba al 60% (59,7%).
La investigación precisa que en las primeras 24 horas, Venezuela desplegó 4000 funcionarios civiles y militares (12,6% de su total) “y su fuerza no alcanzó el máximo de despliegue declarado —3 .837 efectivos— hasta el día 18, según el parte oficial del 12 de julio, mucho después de cerrarse la ventana de rescate de 72 horas”.
Cuando Chile enfrentó un fuerte sismo en 2010, 71% del despliegue ya estaba garantizado a las 72 horas. En Turquía -terremoto de 2023- , el 72,2% de funcionarios fueron desplegados al quinto día, mientras que en Haití -2010– un 80% del personal de salvamento ya estaba desplegado al quinto día.
El informe asegura que de las 19 861 personas que sobrevivieron en La Guaira, “el grueso lo hizo por auto evacuación o rescate local en las primeras 48 horas; los primeros equipos USAR extranjeros de El Salvador, México y República Dominicana llegaron al cierre del segundo día, unas 48 horas después, y el grueso del contingente en los días siguientes”.
Activismo critica la gestión estatal durante las primeras horas
Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, calificó la actuación del Estado venezolano tras el doble terremoto del 24 de junio como una desprotección total hacia los sobrevivientes.
Durante una entrevista concedida el pasado 7 de julio al programa La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo, Jiménez Sandoval aseguró que el gobierno nacional actuó como el “gran ausente” en medio de la tragedia que asoló al país. La experta enfatizó que el sentimiento de abandono predominó entre las víctimas, quienes no percibieron el acompañamiento de las instituciones oficiales en los momentos de mayor necesidad.
Jiménez explicó que la falla principal ocurrió durante las primeras 48 horas, periodo que definió como la “ventana de oportunidad” crucial para salvar vidas. Según sus declaraciones de aquel momento, “fue en esa ventana en donde mayor ausencia del Estado se sintió”, una situación que obligó a la sociedad civil a tomar las riendas de la emergencia.
“La incapacidad de cómo el Estado mostró que está muy hueco por dentro hizo que fueran pues la mayoría los propios ciudadanos voluntarios rescatistas voluntarios quienes se dedicaran a las labores de rescate”.
La denuncia de la activista se extendió a la forma en que el Estado ejerció su presencia, la cual asoció más con el control que con la asistencia humanitaria. Además, relató su experiencia al intentar visitar el hotel sanitario en La Guaira, donde permanecían cientos de deportados desde Estados Unidos, y señaló que “la presencia del Estado existe pero existe para reprimir”.
La experta criticó que el Sebin custodiara estos centros y limitara el flujo de información utilitaria para los familiares. “Yo no conozco otro país en donde sea la policía política quien gestione un centro de deportados”, puntualizó.
La analista comparó la situación de Venezuela con la de un estado fallido, señalando que la respuesta gubernamental resultó ineficiente a pesar de los recursos del país. “Venezuela fue un país en alguna vez que podía atender mejor estos desastres y que 20 o 25 años después ha quedado con un estado hueco”, expresó.
Para la reconstrucción, consideró indispensable la gobernabilidad y la legitimidad, argumentando que resultaba “muy difícil llevar a cabo un proceso de reconstrucción con autoridades que no representan la voluntad popular”.
El derecho a la vida quedó sepultado
En las horas posteriores a los sismos, y debido justamente a los constantes señalamientos en contra de las autoridades venezolanas por no garantizar derechos esenciales en el país, organizaciones como Amnistía Internacional instaron rápìdamente a “brindar asistencia responder a los terremotos en cumplimiento de las normas humanitarias y de respuesta ante desastres, así como del derecho internacional de los derechos humanos”.
Al no garantizar de forma oportuna las labores de búsqueda y rescate de quienes quedaron bajo los escombros, se vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la vida, el principio de garantía general de los derechos humanos y el deber de protección civil y seguridad ciudadana, consagrados en normativas nacionales e internacionales.
La jurisprudencia interamericana impone obligaciones a cada Estado para actuar de manera diligente ante riesgos inmediatos a la vida humana en desastres. De igual forma, artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al proteger el derecho supremo a la vida, exige que los gobiernos adopten medidas activas de salvamento y protección frente a catástrofes.
Los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): obligan a los Estados a priorizar la vida, la asistencia humanitaria sin discriminación y la transparencia informativa en emergencias complejas.
En lo que respecta a la normativa local, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) obliga al Estado a garantizar a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos bajo el principio de progresividad (artículo 19) y en el artículo 55 establece el derecho a la protección por parte del Estado frente a situaciones que amenacen o vulneren la seguridad ciudadana y la vida de los habitantes.
Justo el pasado 29 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) denunciaron que persistían vacíos estadísticos oficiales por parte del gobierno venezolano y mostraron preocupación por el número de personas no localizadas, un vacío que -indican- la sociedad civil cifra en 29 484 personas desaparecidas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
