🔴🔵 Las piezas en el tablero del nuevo intento de diálogo en Venezuela

Un nuevo intento de negociación política en Venezuela se abre paso bajo el impulso directo de Estados Unidos, encabezado esta vez por el secretario de Estado, Marco Rubio. En un escenario caracterizado por la reinstitucionalización del conflicto, la búsqueda de garantías democráticas y el manejo de los activos en el exterior, ambas partes han configurado sus equipos de trabajo. 

La mesa reúne, por un lado, a la maquinaria política e institucional del chavismo desde el área legislativa y, por el otro, a la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015, la cual cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

Según los comunicados difundidos en días pasados por ambas delegaciones, tras sostener una conversación telefónica, este proceso busca fijar una agenda de trabajo con tres ejes centrales de discusión: la atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia, y el debate sobre los derechos y garantías políticas.

A pesar de que figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han marcado distancia de esta instancia, han asegurado que no obstaculizarán iniciativas que generen avances reales. 

Para comprender el alcance de estas conversaciones, es indispensable revisar el perfil, la trayectoria y el historial de cada uno de los integrantes de ambas delegaciones.

Delegación oficialista: Experiencia de mando, control parlamentario y relevo generacional

El equipo designado por el gobierno está integrado en su totalidad por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Su conformación combina operadores políticos con amplio rodaje en mesas de negociación previas, figuras clave del Gabinete Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como representantes de la estructura juvenil del partido.

Jorge Rodríguez: el eterno negociador del chavismo

Atornillado en la presidencia de la Asamblea Nacional desde el año 2020, Jorge Rodríguez ha sido el jefe de todos los procesos de diálogo de la última década, en su mayoría cerrados de forma unilateral o con acuerdos incumplidos por el oficialismo. 

Desde el Parlamento, ejerce un control absoluto sobre la agenda legislativa y ha liderado en 2026 la aprobación expedita de la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Amnistía y la reestructuración de códigos legales en el marco del reordenamiento institucional bajo el interinato tutelado de Delcy Rodríguez.

Sin embargo, ONG como Acceso a la Justicia advirtieron que la reinstitucionalización del TSJ carece de independencia y mantiene al sistema penal subordinado al Ejecutivo, mientras que Provea denunció que la amnistía es restrictiva y que la estructura represiva continúa intacta.

Un rosario de diálogos fallidos

Además de su abultado currículo parlamentario en favor de las directrices emanadas desde la jerarquía chavista, Rodríguez ha sido figura clave de intentos de diálogo sin efecto en la reconducción política del país:

Santo Domingo (2017-2018): El proceso colapsó cuando la oposición rechazó firmar un acuerdo por considerarlo una imposición electoral sin garantías.

Oslo / Barbados (2019): Rodríguez retiró unilateralmente al gobierno tras la congelación de activos estatales por parte de Estados Unidos.

México (2021-2023): Suspendido dos veces por el oficialismo: primero tras la extradición de Alex Saab y luego tras exigir el fin de las sanciones y de las investigaciones de la CPI.

Acuerdo de Barbados (2023): Pese a fijar pautas electorales a cambio de alivio petrolero, el pacto naufragó tras la ratificación de inhabilitaciones políticas y la ola de persecución durante los comicios de 2024.

Jorge Arreaza: la diplomacia ideológica

Internacionalista, diputado y excanciller, Jorge Arreaza ha sido una de las fichas institucionales de mayor peso en el chavismo, habiendo ejercido también como vicepresidente ejecutivo y ministro. Durante su gestión diplomática articuló la defensa internacional de Nicolás Maduro frente a las sanciones y al Grupo de Lima, afianzando alianzas con Rusia, China e Irán.

Aunque la vocería de las negociaciones ha recaído en Jorge Rodríguez, Arreaza ha actuado como enlace diplomático clave en escenarios multilaterales. En 2026 integró las comisiones de la AN que evaluaron la Ley de Amnistía y la revisión de causas políticas, donde ejerció como interlocutor oficialista, a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la exclusión de numerosos presos políticos en este mecanismo.

Ana María Sanjuan: la ministra que choca con el sistema universitario

Ana María Sanjuan es socióloga, académica y actualmente ministra de Educación Universitaria. Su trayectoria previa se concentró en la investigación sobre sistemas políticos y resolución de conflictos, pero su gestión al frente del ministerio ha estado marcada por una relación compleja y de alta fricción con los sectores gremiales y estudiantiles del país.

Durante su ejercicio ministerial, Sanjuan ha encabezado mesas de trabajo con representantes de distintas casas de estudio, aunque varias de estas reuniones derivaron en polémicas públicas. Voceros y dirigentes estudiantiles de las principales universidades autónomas han cuestionado su gestión por la asignación presupuestaria, las condiciones de la infraestructura universitaria y el presupuesto para sueldos y becas.

Pedro Infante: segundo al mando en el Parlamento

Es profesor de Educación Física, diputado a la Asamblea Nacional y ejerce como primer vicepresidente del Parlamento. Es una de las figuras con mayor peso en el control político y la estructura organizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Infante ha sido uno de los voceros principales en la difusión e implementación de la Ley de Amnistía y en las comisiones de seguimiento al sistema judicial. Mientras el discurso oficial presenta estas gestiones como un esfuerzo institucional por la “paz y la convivencia”, ONG de derechos humanos y defensores de presos políticos han cuestionado la actuación de la directiva parlamentaria. 

Organismos como Foro Penal y Provea han denunciado que el manejo del tema de las excarcelaciones desde la Asamblea Nacional se ejecuta de manera discrecional y condicionada, señalando la existencia de un patrón de “puerta giratoria” donde las medidas de liberación se utilizan como fichas de negociación política.

América Pérez y Génesis Garvett: representación de la juventud chavista

Ambas son diputadas a la Asamblea Nacional y dirigentes de la Juventud del PSUV (JPSUV). Son las representantes de las  “nuevas generaciones” dentro del oficialismo.

Génesis Garvett es parlamentaria desde 2021 y destacó inicialmente por ser la parlamentaria más joven de la legislatura. También es profesora de Historia, dirigió la Misión Venezuela Joven hasta el nombramiento de Rosinés Chávez; e integró el Programa para la Convivencia y la Paz.

Por su parte, la diputada América Pérez fue primera vicepresidenta del Parlamento durante parte del período 2020-2025. Ha liderado las consultas y discusiones del Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, recientemente sancionado por la AN.

Delegación Opositora: Legitimidad en el exilio y respaldo de Washington

La representación de la oposición está articulada alrededor de la estructura de la IV Legislatura de la Asamblea Nacional, electa en 2015. Está compuesta principalmente por dirigentes de partidos tradicionales como Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), que se exiliaron por persecución política. Esta delegación centra su peso en el reconocimiento internacional, la protección y gestión de activos del Estado en el extranjero y la asesoría jurídica para abordar la reinstitucionalización del país.

Dinorah Figuera: la ficha de Estados Unidos

Es médica cirujana y diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015, comisión que preside de forma paralela desde el exilio desde el año 2023 –siendo la última electa para ocupar ese rol– tras la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó. Integrante del partido Primero Justicia. Figuera cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y cumple el rol de enviada del país norteamericano –a través del secretario de Estado, Marco Rubio– para coordinar las mesas técnicas presenciales.

Ha sido la encargada de la interlocución diplomática en el exterior y de la administración de activos estatales venezolanos congelados en el extranjero como Citgo Petroleum en Estados Unidos y las reservas de oro custodiadas en el Banco de Inglaterra, activos de suma importancia para el chavismo a los cuales desea acceder.

Juan Miguel Matheus

Es abogado, constitucionalista y diputado de la Asamblea Nacional electa 2015. Fue integrante del equipo asesor y negociador de la oposición en el proceso fallido de Santo Domingo.

Fue elegido candidato a diputado en las primarias de la MUD en 2015 por el circuito lista, y en las elecciones del 6 de diciembre del mismo año, resultó ganador para el período 2016-2021, donde se convirtió en uno de los principales dirigentes de Primero Justicia.

Matheus ha sido blanco constante de ataques por parte del oficialismo. Ha enfrentado acusaciones públicas de “conspiración” y amenazas de prisión promovidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente tras votar a favor de la responsabilidad política de Nicolás Maduro en el año 2017. 

El experto constitucional fue el redactor del Estatuto de Transición que fundamentó la presidencia interina de Guaidó desde la Asamblea Nacional. Su exilio se produjo en 2019 tras aumentar la persecución contra diputados opositores. Vive en Estados Unidos, donde ha cultivado su perfil académico y como conferencista.

Jorge Millán

Es ingeniero industrial y administrador egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar, y tiene especializaciones en Gerencia Municipal por la Universidad Santa María.

Electo diputado de la AN por Distrito Capital, abanderado por la MUD, para el periodo 2016-2021, por el circuito 2. Fue concejal del municipio Libertador, electo por voto lista el 8 de diciembre de 2013 hasta su postulación como candidato a legislador. Anteriormente, de 1992 a 1999, también ocupó el mismo cargo. Es coordinador del partido Primero Justicia en el Distrito Capital y jefe de fracción de ese partido en el Parlamento.

En 2020, por petición de la extinta constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó enjuiciar a cuatro diputados, incluyendo a Millán. Se le imputaron los cargos de “traición a la patria, instigación a la insurrección, usurpación de funciones, asociación para delinquir”, entre otros. En el año 2020 recibió un indulto por parte del gobierno de Maduro, que rechazó Millán alegando que Maduro no era legítimo y que no había cometido ningún crimen.

Sergio Vergara

Es abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) y diputado a la Asamblea Nacional por el Circuito 5 del estado Táchira por la MUD, electo en los comicios de 2015. Es coordinador regional electo de Voluntad Popular en Táchira.

Desde el cierre de RCTV en 2007 se fue involucrando en la política junto a Daniel Ceballos (excandidato presidencial 2024) y Leopoldo López. En 2009 participó en la creación del partido Voluntad Popular.

Durante el Gobierno Interino de Juan Guaidó fue secretario del Despacho de la Presidencia. En marzo de 2019, su residencia en Caracas fue allanada en el operativo en el que fue detenido Roberto Marrero, hecho que lo llevó posteriormente al exilio.

Marco Aurelio Quiñones

Fue electo como parlamentario en representación del estado Anzoátegui, representando al partido Voluntad Popular y ha mantenido su activismo dentro del Parlamento de 2015, en el cual cumple el rol de vicepresidente. 

Durante la gestión de Juan Guaidó, fungió como uno de sus aliados políticos más cercanos en el plano parlamentario y defendió activamente la protección de activos en el exterior como Citgo.

Tras un periodo de exilio forzado, viajó de regreso a Venezuela desde España junto a Dinorah Figuera, con el fin de instalar formalmente el proceso de conversaciones.

Ramón López

Fue electo como diputado suplente por el estado Carabobo para el periodo legislativo 2016-2021. En 2023 asumió la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional electa en 2015 por el partido Primero Justicia.

Comisión de apoyo: respaldo parlamentario y dirigencia regional

Junto a la comisión técnica principal, la representación opositora cuenta con un equipo de apoyo parlamentario. Esta comisión la integra Macario González, abogado, exalcalde del municipio Iribarren (Lara), exdiputado de la AN de 2015.

El 12 de septiembre de 2025 fue detenido sin orden judicial por funcionarios del Sebin en Barquisimeto. Fue sometido a desaparición forzada por casi 70 días y su excarcelación se produjo el 17 de noviembre de ese año, horas después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a su favor.

A González se le suman los diputados electos en 2015 Julio César Moreno, Desiree Barboza y Elimar Díaz, figuras vinculadas a la articulación parlamentaria en el exilio y al trabajo político territorial en estados clave como Zulia y la región centro-occidental.

Las notables ausencias en el nuevo tablero

El diseño de ambas delegaciones también destaca por las corrientes políticas que quedaron fuera de la mesa. En el bloque opositor no participan María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, tampoco otros miembros del Comando ConVzla. También están ausentes dirigentes que hacen vida política dentro del país como Juan Pablo Guanipa.

Por el lado del oficialismo, la alineación responde estrictamente al esquema de la administración de Delcy Rodríguez, pues no figuran fichas clave del ala dura del PSUV ligadas a Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.