Organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Venezuela; Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Provea, Civilis, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Realidad Helicoide, Foro Penal y Amnistía Internacional elaboraron el informe “Termómetro de la Justicia, verdad y Estado de Derecho en Venezuela“, con la finalidad de exponer los supuestos avances hacia la democracia que se han dado a partir de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.
Este documento sobre el estado de la justicia, la verdad y el estado de derecho en el país fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su 196 Período de Sesiones. Las ONG firmantes son enfáticas en afirmar que aunque la aprehensión de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez abrieron un debate sobre amnistías, reformas judiciales y el cierre de El Helicoide, este giro en la cúpula no equivale a una transición democrática.
Advierten que desde la perspectiva del derecho internacional y la justicia transicional, cualquier cambio político resulta insuficiente mientras el aparato represivo permanezca intacto, las leyes que criminalizan la disidencia sigan vigentes, las instituciones carezcan de independencia y los presos políticos continúen esperando justicia y libertad incondicional.
De acuerdo con estas organizaciones, hasta el momento, los gestos del gobierno venezolano tutelado por Estados Unidos han sido insuficientes, con excarcelaciones a cierta escala, un proceso sin agenda clara de reforma de la justicia penal, nuevas leyes aprobadas, así como el cambio de algunas autoridades en materia de justicia y derechos humanos.
Según las organizaciones, el balance hasta ahora es negativo y el sistema represivo se mantiene intacto con cuerpos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) continuando sus operaciones de persecución contra la sociedad civil.
“Algunas instituciones importantes como la Fiscalía general y la Defensoría del Pueblo fueron designadas a través de un proceso irregular, sin transparencia ni criterios de independencia verificables. Los mecanismos internacionales siguen sin acceso pleno al territorio. Y el gobierno interino no ha mostrado esfuerzos por investigar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos”, reza el informe.
El informe se basa en cuatro pilares: el cese de la represión, la rendición de cuentas y la reforma institucional, el espacio cívico y las libertades y el multilateralismo y la cooperación internacional.
Las ONG establecieron un sistema de “termómetro” que evalúa cada medida con un doble registro: color y tendencia.
Rojo — Retroceso documentado o sin avance sustantivo.
Amarillo — Avance parcial verificable que no alcanza el estándar completo.
Azul — Avance pleno, verificable, sostenido e independientemente corroborado.
Cese de la represión: “Avance parcial e insuficiente, sin cambio estructural”
De acuerdo con las ONG, las excarcelaciones que se produjeron en el período comprendido entre enero y mayo 2026 constituyen un avance significativo, sin embargo, no cumplen con los estándares de incondicionalidad, verificabilidad y no discriminación exigidos por el derecho internacional.
Luego de la aplicación de la Ley de Amnistía, organismos nacionales e internacionales denunciaron la discrecionalidad de este instrumento anunciado por la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.
Para junio de este año, el Foro Penal Venezolano registraba 187 personas con libertad plena que estaban encarceladas, mientras que contabilizó 580 libres que antiguamente tenían medidas cautelares. Por su parte, JEP registró 565 personas privadas de libertad por razones políticas, entre ellas 48 enfermos graves sin atención médica y 19 adultos mayores en condiciones que violan los estándares mínimos de protección humanitaria. Aunado a eso, documentó 23 ciudadanos extranjeros y 29 venezolanos con doble nacionalidad.
La ONG Acceso a la Justicia detectó cuatro fallas estructurales en la Ley de Amnistía: alcance limitado, discrecionalidad judicial, ausencia de garantías de no repetición y que los mismos órganos que reprimieron aplican el perdón.
Según Provea, más de 200 militares siguen detenidos, al igual que 103 mujeres: “La ley no incorporó perspectiva de género ni mecanismo diferenciado. Quedaron fuera trabajadoras judiciales, campesinas y mujeres con procesos vinculados a hechos no contemplados”.
Asimismo, con la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, la cifra de presos políticos fallecidos bajo custodia ascendió a 27 desde 2014, adicionalmente cinco madres de presos políticos venezolanos han muerto en los últimos seis meses.
Luego de que Delcy Rodríguez anunciara el cierre de El Helicoide el pasado 30 de enero, Foro Penal confirmó posteriormente el traslado de al menos 90 presos políticos desde ese sitio de reclusión a otras cárceles del país como La Planta, Yare, El Rodeo y Tocuyito. Las mujeres fueron reubicadas en el INOF y Las Crisálidas.
Las 20 ONG que elaboraron el documento concluyeron que este pilar del cese de la represión, a excepción de la excarcelación de algunos presos políticos, no tuvo una reforma estructural, por lo que lo sitúan en color amarillo-rojo en el termómetro de medición.
Rendición de cuentas sin avance y reforma institucional muy cuestionada
De acuerdo al informe, el proceso de designación del fiscal general de la República, Larry Devoe y la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, estuvo marcado por la opacidad y la ausencia de participación ciudadana.
“Los procesos de designación se desarrollaron sin convocatoria pública, sin criterios transparentes y sin espacio para el escrutinio ciudadano”, denunciaron.
La organización JEP evaluó los perfiles designados y concluyó que las nuevas autoridades representan un retroceso en el Estado de derecho.
Devoe fue durante años el representante del Estado venezolano ante instancias internacionales de derechos humanos. Por su parte, González Lobato ha recibido a varias víctimas en su despacho, sin embargo, esos actos no se han traducido en acciones verificables.
Acceso a la Justicia y Provea advirtieron que la anunciada reforma al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ofrece garantías de transparencia ni independencia.
Por su lado, Acceso a la Justicia documentó problemas estructurales del proceso. En primer lugar, la opacidad en las vacantes; pues aunque el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) anunció 20 cargos disponibles, no especificó a qué salas corresponden ni si son principales o suplentes.
La Comisión Internacional de Juristas expuso que el gobierno de Venezuela ha usado los cambios en la composición del TSJ (en 2004, 2010, 2015 y 2022) para consolidar control político y no para garantizar independencia.
“La reforma no aborda las responsabilidades institucionales del TSJ como instrumento de represión política. El máximo tribunal avaló detenciones arbitrarias y sirvió de respaldo judicial al Sebin y la Dgcim”, expuso el comunicado.
En el termómetro de las ONG, este pilar también quedó en categoría amarillo-rojo, puesto que la remodelación del TSJ “reproduce los vicios del pasado”, la impunidad “es una política activa, no una inercia” y “no hay muestras de que las autoridades tengan intención de investigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad”. Además, consideran que las instituciones de control siguen sin independencia y que las renovaciones concretadas han sido de forma, no de fondo.
Protección del espacio cívico en rojo
Según las organizaciones, el espacio cívico en Venezuela fue desmantelado de forma deliberada y sistemática a través de un andamiaje legal y judicial construido entre 2000 y 2024. La organización Civilis ha identificado al menos 38 instrumentos legales que han sido dictados por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, contrarias a la Constitución y al derecho internacional.
Las leyes que más atentan contra el Estado de Derecho según las organizaciones que elaboraron el informe son: Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley en Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, Ley Resorte, Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, Ley contra el Odio, Ley Antibloqueo, Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley de Fiscalización de las ONG y Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.
A propósito de la Ley Resorte, en marzo de 2026 el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y VE Sin Filtro documentaron que al menos 43 medios de comunicación nacionales e internacionales registraron bloqueos de internet en Venezuela. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 122 ataques e incidentes contra activistas en el primer trimestre de 2026, con un pico de 64 solo en enero, casi el triple del promedio mensual de 2025. Espacio Público contabilizó 29 detenciones arbitrarias de periodistas entre enero y abril mientras que el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Distrito Capital, regostró 97 agresiones contra comunicadores sociales y medios entre enero y mayo de 2026.
Mientras se produjeron nuevas detenciones, en menos de 15 días, retornaron al país figuras como Carlos Ocariz de Primero Justicia, Lester Toledo y Yon Goicoechea de Voluntad Popular, Wilmer Azuaje, Roberto Marrero, Richard Blanco, José Guerra y Marcos Velasco de Vente Venezuela, entre otros. También regresó la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien fue excarcelada en enero con medidas cautelares.
Acceso a la Justicia también reportó la eliminación del habeas corpus: “Es la forma en que el sistema de justicia venezolano procesa, o más precisamente, bloquea, las garantías constitucionales de las personas detenidas por razones políticas”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos concluyeron que El andamiaje legal que el chavismo construyó entre 2000 y 2024 “para criminalizar la disidencia, restringir a la sociedad civil y concentrar poder discrecional en el Ejecutivo no fue tocado durante el período entre enero y mayo de 2026”.
Las ONG consideran que este pilar está en rojo, pues la arquitectura legal de la represión permanece intacta” y la sociedad civil “opera pese al marco adverso y bajo todos los riesgos, no porque el contexto haya cambiado radicalmente”.
Multilateralismo y cooperación con organismos internacionales: contactos exploratorios sin cooperación plena
Las organizaciones reiteraron que el gobierno chavista no coopera con los organismos internacionales y pusieron como ejemplo el caso de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que opera exclusivamente desde Ginebra, sin acceso al territorio venezolano ni a los archivos del Estado.
Recordaron que en febrero de 2024, el gobierno de Maduro dio 72 horas a 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para abandonar Venezuela.
Pese a que las relaciones se reanudaron después del 3 de enero, Rodríguez utilizó a la oficina del Alto Comisionado para pedirle que verificara las excarcelaciones recientes: “No para abrir archivos, no para inspeccionar centros de detención, sino para validar una narrativa”, se denuncia en el documento, en el que también se resalta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha podido realizar una visita in loco con acceso pleno al territorio venezolano desde 2002.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, exigió ante el Consejo Permanente que se permita la visita in loco, señalando que esta proporcionaría la transparencia y la rendición de cuentas que el pueblo venezolano merece.
“La sociedad civil y los mecanismos internacionales han sido consistentes: sin presencia efectiva en el territorio, sin acceso a archivos y sin cooperación real con la Corte Penal Internacional (CPI), ningún avance anunciado por el gobierno puede ser verificado de forma independiente”, insistieron.
El color asignado a este pilar en el termómetro fue amarillo-rojo, ya que aunque hubo contactos exploratorios reales no se tradujeron en cooperación plena. Como hitos positivos, destacan la primera presencia física de la OACNUDH en el territorio venezolano desde su expulsión, el aumento significativo de testimonios a la FFM, y el reconocimiento explícito por parte de mecanismos internacionales de que el contexto ha cambiado gracias al trabajo de las organizaciones y grupos de víctima. Resaltan que aunque esto debe ser reconocido, son movimientos “insuficientes”.
A pesar de estos discretos avances, la CIDH lleva 24 años sin visita in loco plena; la FFM opera sin acceso al territorio; la OACNUDH negocia una reinstalación que tres meses después no se ha concretado y no ha habido ninguna acción dirigida al cumplimiento de sentencias internacionales.
¿Cómo mejorar la justicia, verdad y estado de Derecho en el país?
Las 20 organizaciones de la sociedad civil añadieron al informe un decálogo de exigencias prioritarias para encauzar una transición democrática genuina. Entre los puntos propuestos, se encuentran:
–Liberar a todos los presos políticos de forma plena e incondicional
-Reconocer los crímenes de Estado cometidos
-Nombrar, erradicar y sancionar las violaciones normalizadas
-Derogar y reformar el marco normativo restrictivo del espacio cívico
-Garantizar la independencia del sistema de justicia como condición previa a cualquier reforma institucional
–Designar un contralor general con perfil independiente y siguiendo los pasos constitucionales
-Firmar un nuevo memorándum de entendimiento con la OACNUDH que garantice mandato pleno
-Cooperar activamente con la Corte Penal Internacional (CPI)
-Invitar y aceptar las visitas de la CIDH, los relatores especiales de la ONU y la FFM durante 2026
-Abrir investigaciones penales inmediatas sobre graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad
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LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
- Cese de la represión: “Avance parcial e insuficiente, sin cambio estructural”
- Rendición de cuentas sin avance y reforma institucional muy cuestionada
- Protección del espacio cívico en rojo
- Multilateralismo y cooperación con organismos internacionales: contactos exploratorios sin cooperación plena
- ¿Cómo mejorar la justicia, verdad y estado de Derecho en el país?
