Diversas organizaciones sindicales, gremiales y asociaciones de jubilados convocaron a una jornada nacional de protesta este lunes 23 de marzo para exigir al Ejecutivo salario dignos y una respuesta inmediata ante la pulverización del poder adquisitivo.
La movilización coincide estratégicamente con la reunión de la Comisión Tripartita en la sede del Ministerio del Trabajo, donde los sectores laborales planean ratificar su rechazo a la actual política económica.
En primer lugar, la convocatoria en Caracas cita a los manifestantes en Parque Carabobo para marchar hasta Plaza Caracas. Al mismo tiempo, en el resto del país, el llamado es a concentrarse frente a las inspectorías del trabajo. Esta movilización ocurre debido a que los gremios exigen soluciones reales tras acumular 1.465 días sin un aumento del salario mínimo. Por consiguiente, el sueldo básico se ha pulverizado hasta alcanzar los 0,28 dólares actuales, lo cual explica la urgencia de la protesta nacional.
Sector universitario en primera línea
La dirigencia de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv) ha sido una de las voces más críticas ante la precariedad institucional. El Prof. José Gregorio Alonso, presidente de la Apucv, fue contundente. «El 23 de marzo con la fuerza de la constitución y la ley nos movilizamos nacional para salarios dignos».
Por su parte, la prof. Lisbeth Esaa, secretaria de la Junta Directiva, alertó que la educación superior está al borde del colapso, pues «el funcionamiento de la universidad se hace insostenible con salarios que no superan los 2$».
Los académicos insisten en que el Estado posee la solvencia necesaria para revertir esta situación; el prof. Luis Crespo, vicepresidente de la Apucv, subrayó que «el gobierno tiene los recursos financieros para detener la desalarización de los profesores universitarios».
Uno de los pilares de la protesta es el rechazo al pago de bonos que no tienen incidencia salarial. Los gremios denuncian que esta práctica destruye la seguridad social y anula las prestaciones sociales. El prof. Giustino Adesso, secretario de Asuntos Gremiales, señaló que «la política de bonificación no es la solución a la crisis salarial, al contrario, es el problema».
Los trabajadores insisten en que el ajuste debe respetar el Artículo 91 constitucional; es decir, que el salario mínimo se nivele con el costo de la canasta básica. De igual manera, la dirigente gremial Ana Rosario Contreras señaló que el Ministerio del Trabajo aún debe responder al pliego de peticiones consignado. Consecuentemente, la falta de soluciones agrava la situación de los pensionados, quienes ven cómo su bienestar disminuye cada día más.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
