Ningún país debería tener que elegir entre pagar sus servicios de deuda y financiar la educación y formación de sus ciudadanos. Lamentablemente, esa es hoy la realidad de la mayor parte de países de ingresos bajos y medios, incluidos los de América Latina y el Caribe, donde la crisis mundial de la deuda, los efectos económicos de la pandemia de covid-19 y las emergencias climáticas, han impuesto un cerco a los recursos destinados a sostener sus sistemas educativos.
De acuerdo con un reciente informe publicado por la Unesco, «el servicio de la deuda está desplazando cada vez más la inversión en los sistemas de educación y formación, socavando el crecimiento a largo plazo, la resiliencia y la movilización de los ingresos nacionales». En otras palabras: en la medida que la mano de obra de un país es menos calificada, al mismo tiempo florece el empleo precario, se estanca la movilidad social, baja la productividad del trabajo y se acumulan rezagos estructurales en áreas críticas, donde los avances se suceden a gran velocidad y el saber especializado es una necesidad estratégica.
El organismo apunta que el servicio de la deuda en 113 países del Sur Global, donde viven unas 6.100 millones de personas, los recursos públicos destinados a honrar acreencias superan los que se destinan a financiar la educación pública. Así, desde 2017, por cada dólar que esos países destinan al servicio de la deuda, sus aportes a la educación disminuyen en términos reales una medida de 0,28 dólares.
Según el último reporte de deuda publicado por el Banco Mundial, la deuda total de los países latinoamericanos y caribeños asciende a 2.000 billones de dólares, que representan el 128 % de las exportaciones y el 34 % del ingreso nacional bruto. Es casi el doble de lo que se adeudaba en 2010 y la tendencia sigue en alza.
Lo invisible
No se trata de un problema abstracto de montos, sino de lo que entraña cumplir con los servicios de pago de la deuda. A diferencia de lo que ocurre con el presupuesto nacional, los gobiernos tienen un margen de maniobra muy limitado en esta materia y son severamente sancionados en caso de incumplimiento. Por eso, no sorprende que los servicios de la deuda representen porcentajes importantes de los ingresos de un país, aunque estos sean muy magros.
De otra parte, cuando se da carta blanca a un financiamiento, la sostenibilidad se evalúa atendiendo casi exclusivamente a la capacidad de reembolso. Así, aunque organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial apelan discursivamente a un nivel mínimo innegociable de «gasto social» para aprobar un paquete económico, en la práctica, esos mecanismos no ofrecen protección real en ninguna de esas áreas; antes bien, cuando el dinero disminuye y aparece la presión fiscal, lo que suele sacrificarse es la inversión social.
La Unesco advierte que no siempre se trata de recortes abiertos, pues basta con un estancamiento de los fondos asignados para que ello se traduzca en la disminución de la inversión pública en términos reales. Los sistemas educativos de la región son una muestra elocuente de ello: con frecuencia se congelan los salarios de los docentes durante años, se destinan menos recursos para el mantenimiento de instalaciones y para adquirir material didáctico, y se invierte menos en la formación de cada estudiante.
Si se añaden los efectos de la inflación y el cambio demográfico, el resultado es que, «con el tiempo, estas restricciones fiscales se traducen en peores resultados educativos y una mayor desigualdad, al mismo tiempo que debilitan la resiliencia del sistema ante las crisis, con efectos desproporcionados en las niñas, las poblaciones rurales y los hogares de ingresos bajos», puntualiza la agencia. El cuadro final apunta hacia la profundización de otras desigualdades sistémicas y una merma en la calidad de la educación que ofrece el sector público.
Por ese motivo, el organismo no duda en alertar que «sin medidas contundentes para reducir la carga del servicio de la deuda y proteger la financiación de la educación, es probable que la dinámica actual de la deuda perpetúe un ciclo de falta de inversión, desigualdad y estancamiento del desarrollo«.
¿Qué hacer?
El recetario habitual parece quedarse corto frente a los desafíos que supone sostener y consolidar sistemas educativos de calidad en América Latina y otras zonas del Sur Global. En ello, los gobiernos son los primeros llamados a tomar medidas efectivas, aun bajo las limitaciones que imponen los servicios de la deuda.
La Unesco recomienda que se incluya la financiación de la educación como una partida explícita en las estrategias fiscales y de gestión de acreencias, pues eso «contribuiría a garantizar que la sostenibilidad de la deuda se evalúe no solo en función de la capacidad de reembolso, sino también de las prioridades de desarrollo». A ello agrega la protección de la inversión en educación y la reducción de la presión de la deuda –especialmente la interna– sobre los presupuestos educativos.
De su parte, las instituciones financieras internacionales deberían incluir indicadores relevantes sobre la educación en sus análisis sobre la sostenibilidad de las deudas, así como reforzar y aplicar medidas que protejan los fondos públicos para financiar la educación, tanto en el corto como en el largo plazo.
Los acreedores bilaterales –otros países– o particulares tendrían que «apoyar medidas de tratamiento de la deuda que generen reducciones duraderas del servicio de la deuda, en lugar de reajustes temporales que limiten el espacio fiscal», así como armonizar los resultados de la reestructuración de cualquier deuda a los objetivos de desarrollo.
Finalmente, la Unesco exhorta a las instituciones multilaterales, los foros mundiales y otras organizaciones donantes a respaldar más activamente mecanismos que permitan aliviar la deuda a cambio de más financiamiento a la educación, a la que debe entenderse como un factor determinante para el desarrollo de los países.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
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