La Cancillería de Cuba respondió este 5 de noviembre a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra empresas de los sectores petrolero y tecnológico de la isla. Según el comunicado oficial, el gobierno estadounidense "no logrará someter a Cuba a sus intereses".
Declaraciones del canciller Bruno Rodríguez
El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, denunció que Washington, en lugar de atender las demandas de su propia ciudadanía, insiste en aplicar medidas de bloqueo para "asfixiar la economía cubana y causar el mayor perjuicio posible a nuestro pueblo".
El Gobierno de EE.UU. seguirá fracasando en el intento de someternos a sus designios.
Rodríguez añadió en sus redes sociales que la administración de Donald Trump seguirá topándose con la "firme defensa de la independencia y la soberanía" de Cuba.
Nuevas sanciones y objetivos
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció medidas coercitivas adicionales que afectan a proveedores chinos. Según el funcionario, estas empresas —CEIEC y Beijing H&C Technologies, del sector electrónico— forman parte de una "coalición global de actores hostiles antiestadounidenses".
Entre los sancionados a nivel individual en Cuba destaca Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta del Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), ya previamente sancionada.
El contexto: una "emergencia nacional"
El pasado 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según la Casa Blanca, representa Cuba para la seguridad de EE.UU. y la región. El documento acusa a La Habana de alinearse con países hostiles, albergar grupos terroristas transnacionales y permitir el despliegue de capacidades militares y de inteligencia de Rusia y China en la isla.
El bloqueo se intensifica
Desde entonces, Estados Unidos ha reforzado el bloqueo económico y comercial que mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas. Las medidas incluyen la imposición de aranceles a países que vendan petróleo a la isla, así como amenazas de represalias contra quienes no cumplan con la orden ejecutiva.
La Habana ha rechazado enérgicamente estas acusaciones y ha reafirmado su compromiso de defender su integridad territorial.
