El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) anunció el inicio de investigaciones contra 60 economías —incluida Venezuela y varios países de América Latina— por presuntas fallas en el combate al trabajo forzoso.
La medida, amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, busca determinar si estos países permiten la producción y exportación de bienes bajo condiciones que violan los derechos humanos, lo que otorgaría una «ventaja de costos artificial» frente a los productores estadounidenses, dijo el embajador comercial de EE. UU., Jamieson Greer al anunciar la investigación el jueves 12 de marzo en el sitio oficial de esta dependencia.
El foco en Venezuela: Minería y opacidad
Aunque el comunicado del embajador comercial de EE. UU., Jamieson Greer, no detalla industrias específicas por país, para Venezuela el alerta se enciende en sectores estratégicos. Organizaciones no gubernamentales han denunciado durante años las condiciones de semiesclavitud en el Arco Minero del Orinoco, donde grupos irregulares y la falta de control estatal someten a trabajadores a jornadas extenuantes y peligrosas.
«Durante demasiado tiempo, los trabajadores estadounidenses han competido con productos que llegan al mercado gracias al flagelo del trabajo forzoso», afirmó Greer. En el caso venezolano, la opacidad en las cifras oficiales y la falta de inspecciones laborales independientes complican la defensa del país ante estas acusaciones.
Trabajadores públicos del país han elevado su protesta en las últimas semanas, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, para exigir la discusión de las contrataciones colectivas vencidas, la fijación de un salario mínimo que satisfaga las necesidades básicas de la población, así como el cese de la represión, la persecución y el encarcelamiento de dirigentes sindicales y trabajadores. Solo en el caso del sector petrolero, desde el año 2024 hay 126 detenidos.
¿Qué implica la Sección 301?
Esta herramienta legal permite a la Casa Blanca imponer aranceles de hasta el 100% o restricciones comerciales si se demuestra que las prácticas de un país son «irrazonables» o «discriminatorias». La investigación se produce en un cambio del escenario político y el restablecimiento de las relaciones entre Caracas y Washington, forzadas por la administración de Donald Trump después de la captura de Maduro.
Desde entonces, el interinato de Delcy Rodríguez ha recibido a altos funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum respectivamente, al tiempo que se oficializó el reconocimiento a su gestión al frente del país esta misma semana.
La respuesta del chavismo fue la de reformar la Ley de Hidrocarburos, que permitirá al capital privado nacional e internacional una mayor participación en las actividades de extracción, refinación y comercialización del petróleo sin tanta supervisión del Estado, iniciar la reforma de la Ley de Minas, así como aceptar que Estados Unidos comercialice el crudo venezolano y administre sus recursos.
Desde la Casa Blanca las muestras dadas, además de reconocer a Rodríguez como presidenta, han implicado el levantamiento de sanciones para permitir el retorno de trasnacionales como Shell, Repsol y otras europeas, además de estadounidenses, así como la promesa de Trump de la recuperación comercial de la nación suramericana, como parte de su plan de tres fases para el país: estabilización, recuperación económica y transición.
Calendario de presión de EEUU
La USTR, según el anuncio oficial, ha fijado una hoja de ruta clara que obligará a los gobiernos señalados a rendir cuentas:
- 15 de abril de 2026: Fecha límite para que los países y empresas interesadas presenten comentarios por escrito o soliciten comparecer.
- 28 de abril de 2026: Se llevarán a cabo audiencias públicas en Washington para escuchar testimonios sobre las violaciones laborales.
Esta investigación ocurre en un contexto de alta tensión, luego de que el Tribunal Supremo de EE. UU. declarara ilegales ciertos aranceles previos, lo que ha llevado a la administración de Donald Trump a utilizar esta vía legal para justificar nuevas barreras comerciales basadas en estándares de derechos humanos y laborales.
Además de Venezuela, en América Latina la investigación abarca a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Bahamas, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Los otros países bajo investigación de esta dependencia son: Argelia, Angola, Australia, Bahrein, Bangladesh, Camboya, Canadá, China, Egipto, la Unión Europea, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Vietnam.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
