La ONG Provea publicó un comunicado en la red social X donde expresa su preocupación por el “continuo debilitamiento” de los derechos de los venezolanos a la manifestación y al libre tránsito.
La organización definió la situación actual como una especie de “represión blanda”, donde en lugar de violencia directa, el Estado utiliza obstáculos como piquetes policiales y contramarchas para impedir que los ciudadanos lleguen a sus destinos.
“Los constantes obstáculos contra el derecho a la manifestación pacífica promovidos por altos funcionarios del Estado venezolano continúan socavando la garantía de este derecho y contradicen la narrativa oficial sobre la supuesta voluntad de diálogo”, sentenció la ONG.
Ante las movilizaciones convocadas para este jueves 09 de abril reiteramos nuestra preocupación por el continuo debilitamiento de las garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión, asociación, libre tránsito y manifestación pacífica.
Las últimas dos… pic.twitter.com/byn90LL3sc
— PROVEA (@_Provea) April 8, 2026
La ONG recordó que Venezuela suscribe el Pacto de Derechos Civiles y Políticos desde 1978, el cual promueve la libertad de reunión pacífica y de asociación. Además, la Constitución Nacional, en sus artículos 53, 62 y 68, establece que toda persona tiene el derecho a manifestar pacíficamente, reunirse pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas, así como también que el Estado está obligado a facilitar la generación de las condiciones más favorables para el ejercicio pleno de ese derecho y su práctica.
El comunicado lo emitieron a propósito de dos marchas que este 9 de abril tendrán lugar en el centro de Caracas. Provea recordó que las últimas dos movilizaciones convocadas por el movimiento sindical en Caracas para exigir aumento salarial no pudieron llegar a su destino, pese al anuncio de un “nuevo momento político” basado en el “diálogo y la reconciliación” por parte de las autoridades.
El pasado 12 de marzo se bloqueó, repetidas veces, el paso hacia la Asamblea Nacional, obstaculización que los manifestantes atribuyeron a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Mientras que en la manifestación del 23 de marzo se denunciaron amedrentamientos y el robo de pancartas por parte de grupos oficialistas.
Con la nueva convocatoria de mañana en Plaza Venezuela a las 9:00 a.m., los sindicatos buscan poder romper con este ciclo de obstáculos constantes. La protesta aspira llegar al Palacio de Miraflores para exigir una respuesta convincente a las exigencias con relación al aumento salarial y la defensa de sus prestaciones sociales.
Los voceros de la movilización han declarado que la intención es ejercer su derecho constitucional de reclamar soluciones directamente en el centro de poder político del país.
Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de los Trabajadores (Sinatra-UCV), señaló que ya cumplieron con todos los protocolos legales para este desplazamiento. “Miraflores es el centro del poder y como venezolanos tenemos el derecho de ir a exigir respuestas, vamos con nuestra frente en alto y la Constitución en la mano”, afirmó Sánchez en una nota reseñada en el sitio web Noticias UCV. quien además rechazó todas las presiones que buscan eliminar el derecho de los trabajadores a protestar.
El oficialismo también marchará
En respuesta a la marcha de los trabajadores, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, anunció que el jueves 9 de abril también habrá una movilización nacional, pero en este caso para celebrar los 20 años de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Cabello aseguró que la manifestación busca defender “la paz y la estabilidad”.
Esta coincidencia de fechas en las marchas ha generado preocupación ya que el oficialismo suele usar estas convocatorias para bloquear el paso de las protestas opositoras o gremiales hacia el centro de Caracas, en este caso específicamente a Miraflores.
El aumento será el 1 de mayo
Los trabajadores insisten en que el gobierno respete el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual contempla que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.
Establece además que el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, “tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.
En horas de la noche de este 8 de abril la presidenta encargada con el aval de EE.UU., Delcy Rodríguez, informó que el 1 de mayo el gobierno espera anunciar un ajuste de salario “responsable y sostenible”, sin precisar si el aumento será de salario mínimo o de bonificaciones.
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