La conmemoración del Día Internacional del Trabajador estuvo marcada por nuevas tensiones entre sectores sindicales y la institucionalidad, luego de que surgieran denuncias sobre la supuesta exclusión de representantes obreros en reuniones con la Defensora del Pueblo.
Durante la jornada del 1 de mayo, miles de trabajadores, jubilados y empleados públicos marcharon en Caracas desde la Plaza Brión de Chacaíto hasta la Plaza Morelos para exigir mejoras salariales y condiciones laborales dignas. Sin embargo, la polémica se desató tras conocerse quiénes fueron recibidos por la defensora del pueblo, Eglée González Lobato.
El politólogo y coordinador de la Red de Excarcelados Políticos por la Democracia, Nicmer Evans, denunció que la reunión no incluyó a los convocantes principales de la movilización. “La defensora no recibió a los trabajadores, recibió a un partido político de la Alianza Democrática aliado al delcysmo que es distinto”, afirmó a través de su cuenta en X.
Evans agregó que desde la organización que representa continúan a la espera de una respuesta formal por parte de la institución. “Seguimos esperando su respuesta a ver si nos atiende”, señaló.
Cuestionamientos sobre la representación
De acuerdo con Punto de Corte, los principales convocantes de la marcha del 1 de mayo fueron miembros de un Comité de Trabajadores, quienes no participaron en el encuentro con la Defensoría. En su lugar, la institución sostuvo reuniones con representantes vinculados al partido Avanzada Progresista —integrante de la Alianza Democrática— y con el dirigente sindical Pablo Zambrano.
Esta situación ha reavivado críticas sobre la legitimidad de los interlocutores seleccionados por organismos del Estado, en un contexto donde distintos sectores denuncian que las instituciones priorizan actores considerados más afines o menos confrontacionales.
La controversia también se enmarca en la fragmentación del movimiento sindical venezolano, dividido entre organizaciones oficialistas, sectores dialoguistas y agrupaciones independientes que reclaman autonomía y mayor representatividad.
Un reclamo persistente
Organizaciones de derechos humanos y movimientos laborales han insistido en que la Defensoría del Pueblo debe actuar como un ente imparcial, capaz de atender las demandas de todos los ciudadanos sin distinción política.
En este sentido, la denuncia de Evans refleja una queja recurrente: la exclusión de voces críticas en espacios de diálogo institucional, lo que, según diversos sectores, limita la posibilidad de que las demandas laborales se traduzcan en soluciones concretas.
Mientras tanto, la Red de Excarcelados Políticos por la Democracia y otros grupos afines mantienen su exigencia de ser recibidos formalmente por la Defensoría.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
