Familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos acudieron este lunes 4 de mayo a la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, para denunciar las torturas y violaciones a los derechos humanos en distintos centros de reclusión del país, donde permanecen detenidas al menos 500 personas por razones políticas. Piden la intervención de este organismo en las distintas cárceles para constatar de cerca lo que ocurre.
Entre las cifras de presos políticos se encuentra Javier Giraldo, un ciudadano colombo-venezolano de 70 años de edad que fue detenido en septiembre de 2021 en San Cristóbal, estado Táchira, acusado de intentar matar a un funcionario militar por 50 dólares. Su esposa Hetel Sepúlveda llora porque desde su aprehensión sólo pudo verlo en una oportunidad. Él declaró a las autoridades que se encontraba solo en Venezuela para proteger a su familia y por esa razón no se le permite visita.
Giraldo se encuentra recluido en la cárcel El Rodeo I, estado Miranda y hace 11 meses fue sentenciado a 30 años de prisión. Sepúlveda solo recibe noticias de él a través de otros familiares. Ella junto a sus dos hijos, emigraron en noviembre de 2021 por temor, pero en 2026 ella regresó a Venezuela con la expectativa de que su esposo pudiera beneficiarse de la Ley de Amnistía.
Hetel Sepúlveda perdió todo, en especial su hogar y su familia, quien ahora está separada. Al regresar a Venezuela alquiló una habitación en una zona popular de Caracas y no hay día que no acuda a los organismos del Estado y al Rodeo III para tener razón de su esposo, sin embargo, la falta de respuesta continúa.
Por esa razón, Sepúlveda acudió a la concentración a las afueras de la Defensoría del Pueblo que reunió a madres, esposas y hermanos de detenidos recluidos en cárceles como El Rodeo, Fuerte Guaicaipuro, Yare y diversos calabozos policiales. Los manifestantes exigieron el cese a las violaciones de los derechos humanos y la excarcelación para todos.
El director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Inácio Da Costa, recibió a una comisión de familiares y defensores de derechos humanos. Según indicó, cada caso será atendido de manera individual y ya se designó una comisión para revisar las denuncias presentadas.
La activista de derechos humanos Sairam Rivas informó que durante el encuentro expuso al funcionario las condiciones en las que permanecen los presos políticos en el país. De acuerdo con su relato, Da Costa se comprometió a enviar equipos a los distintos centros penitenciarios para verificar las denuncias.
Restricciones y maltratos
Melba Vásquez Rivero es otra de las madres que sufre a diario al tener a sus dos hijos detenidos desde hace ocho meses, ambos acusados de terrorismo por el caso Plaza Venezuela. Su hija Anyela Bermúdez se encuentra privada de libertad en La Crisálida y solo la ha podido ver en dos oportunidades, mientras que su hijo Merwyn Simons permanece recluido en El Rodeo I, a quien si puede ver todos los viernes, pero solo por 25 minutos a través de un vidrio.
Esta madre forma parte del grupo de familiares que mantiene una vigilia en las afueras de El Rodeo desde hace 116 días para exigir la liberación de los presos políticos. A pesar de la lluvia, el sol y las precarias condiciones de mantenerse a las afueras de este centro de reclusión, aseguró que no pierde la esperanza de que la nueva defensora del pueblo Eglé González Lovato interceda por cada uno de los detenidos.
“Nos sentimos mal, pero estamos con Dios. Ellos dicen que están bien, pero nosotros intuimos que están mal porque los torturan y los castigan hasta con el agua (…) Lo que estamos viviendo es una pesadilla, pero de ese sueño tenemos que despertarnos pronto», contó al equipo de El Pitazo.
Por su parte, Maciel Cordones, madre del sargento venezolano José Ángel Barreno Cordones, también detenido en El Rodeo I, sostuvo que es indispensable que funcionarios de la Defensoría del Pueblo ingresen a los centros de reclusión para constatar las condiciones de los presos políticos.
Denunció que a los privados de libertad los amenazan con suspenderles las visitas si hablan sobre las torturas o condiciones de reclusión. También afirmó que tienen prohibido conversar entre ellos durante los períodos de recreación.
Cordones calificó la Ley de Amnistía como “una burla” para los presos políticos y sus familiares. “Crean una ley y después la quieren derogar. O no saben de leyes o nos están haciendo pasar por ignorantes”, expresó.
Aunque señaló que oficialmente se habla de unos 500 presos políticos en el país, aseguró que la cifra real rondaría los 800 detenidos por razones políticas, pues muchas familias prefieren guardar silencio por miedo a represalias o a perder sus bienes.
Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, detenido por el caso de los drones y recluido en El Rodeo I, pidió que la Defensoría intervenga directamente en los centros de detención y permita el ingreso de defensores de confianza de los familiares.
“Necesitamos que la defensora intervenga y entre a los centros de reclusión con defensores de nuestra confianza porque debe haber transparencia y sinceridad sobre las visitas que se realizan”, expresó.
Ávila manifestó que esperan respuestas favorables de las autoridades y el cese de las presuntas violaciones a los derechos humanos denunciadas por los familiares.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
