Caracas.- Representantes del sector transporte insisten en solicitar el anclaje de la tarifa urbana a la tasa del dólar, con un monto mínimo de 0,30 dólares. Los conductores argumentan que esta medida es necesaria porque el pasaje es el único servicio del mercado que no cuenta con un ajuste basado en la moneda extranjera.
“Comprendemos que la gente no tiene posibilidad ni la capacidad económica para pagar el pasaje a 0,50 dólares, que era una de las solicitudes que teníamos; de una forma moderada lo hacemos a 0,30 dólares”, afirmó David Bonalde, presidente de la línea de conductores de Antímano y representante del bloque sureste del área metropolitana de Caracas.
Durante una asamblea realizada este martes 19 de mayo en la sede de la Federación Nacional de Transporte, en Caracas, en la que definieron las exigencias que presentarán ante el Ejecutivo Nacional, Bonalde explicó que la tarifa actual no está dolarizada y que el gremio busca un punto de equilibrio ante la situación económica de los usuarios.
Nelson Vivas, presidente de la Asociación Civil de Conductores La India, detalló que los estudios técnicos de operatividad para prestar el servicio arrojan un costo real que oscila entre 0,70 y 0,80 centavos de dólar. Sin embargo, Vivas aclaró que esa tarifa es imposible de pagar para el venezolano promedio, por lo que acordaron solicitar el anclaje mínimo de 0,30 dólares para no detener la actividad del sector. Los transportistas señalan que la devaluación diaria afecta sus ingresos, por lo que piden ajustar la tarifa, al menos, cada 15 días o de forma constante.
El sector redactó un documento con estos puntos para entregarlo al Ejecutivo nacional. Según Nelson Vivas, la agenda de reuniones se adelantó debido al avance del precio del dólar; inicialmente el encuentro con el Ejecutivo estaba previsto para junio, pero, según los voceros, ahora la esperan para esta semana.
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El gremio descartó la convocatoria a un paro de actividades, ya que mantienen mesas de negociaciones abiertas para solucionar la crisis y dar respuesta tanto a transportistas como a usuarios. El objetivo de los conductores es obtener un trato igualitario con respecto al resto de los servicios e impuestos de la economía que ya se rigen por la tasa de mayor valor.
Combustible y reestructuración del Órgano Superior de Transporte
Nelson Vivas, presidente de la Asociación Civil de Conductores La India, exigió una reestructuración de los miembros que pertenecen a la mesa del Órgano Superior de Transporte. Vivas manifestó que los transportistas de base no se sienten representados por las personas que integran actualmente esa instancia de diálogo con el gobierno. Aseguran que la operatividad del servicio depende de cambios profundos en la gestión de las políticas para el sector.
Sobre el tema del suministro de combustible, los transportistas piden que se establezca un precio claro y que se liberen las estaciones de servicio. La solicitud formal incluye la posibilidad de equipar sus unidades todos los días, en la estación de su preferencia y sin restricciones de horario.
Vivas recalcó que necesitan colocar la cantidad de combustible necesaria para cumplir con sus rutas de forma eficiente, sin las limitaciones actuales que afectan el suministro para las unidades de transporte público.
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Devolución de unidades y subsidio directo
El gremio de transporte solicitó la entrega inmediata de las unidades que permanecen retenidas “sin justificación alguna”. Según Yelmira Jiménez, presidenta de la Asociación de Conductores La Voluntad de Gandhi y vocera del Comando Intergremial de Transporte, algunos conductores tienen hasta dos años con sus vehículos bajo custodia de las autoridades.
Jiménez denunció que el pasado sábado ubicaron una de estas unidades en las cercanías del hospital Pérez Carreño, en una zona de repuestos usados, y el vehículo se encontraba desvalijado casi en su totalidad. Los transportistas exigen que estos activos regresen a sus dueños para que vuelvan a la operatividad.
La última petición destacada es la creación de un bono o subsidio directo para los estudiantes, las personas de la tercera edad y los ciudadanos con discapacidad. El sector transporte afirma que el Gobierno Nacional descarga en ellos la responsabilidad de costear el pasaje de estos grupos vulnerables, lo cual afecta sus ingresos.
Nelson Vivas indicó que proponen un subsidio que llegue directamente a estas personas para que puedan cancelar su pasaje completo. De esta manera, los transportistas evitarían conflictos con los usuarios y asegurarían el cobro de la tarifa establecida mientras se protege el derecho a la movilidad de los sectores protegidos por la ley.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
