La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) criticó con dureza este jueves el ritmo «espasmódico» y sumamente lento con el que el sistema judicial venezolano está ejecutando las excarcelaciones de los detenidos por motivos políticos.
De acuerdo con el balance de la organización, desde enero y hasta la fecha se han contabilizado un total de 811 presos políticos liberados o bajo régimen de excarcelación con medidas cautelares, mientras que otras 411 personas continúan recluidas tras las rejas en distintos centros penitenciarios del país.
A través de un comunicado, la PUD alertó que, a casi un mes de su último reporte (publicado el 27 de abril), los tribunales solo han tramitado 35 nuevas órdenes de excarcelación. La oposición considera que esta cifra es insignificante frente al volumen de expedientes pendientes bajo la legislación excepcional vigente.
Ante este panorama, la dirigencia democrática exigió formalmente a las autoridades de la administración interina de Delcy Rodríguez la puesta en marcha inmediata de “procesos de liberaciones masivos, expeditos, públicos y transparentes”.
El bloque opositor enfatizó que la parálisis burocrática y el goteo intermitente de las salidas carcelarias prolongan la tortura psicológica y la angustia de los entornos familiares.
“La angustia y dolor de los familiares de presos políticos que aún no logran la ansiada libertad de sus seres queridos aumenta; para la libertad de todos solo se necesita voluntad política”, fustigó la coalición.
Son más de 300 presos políticos
Esta ralentización de los trámites judiciales se produce en un escenario de fuerte controversia luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara formalmente que un contingente de 300 personas detenidas por causas políticas serían puestas en libertad en el transcurso de esta semana.
Durante la sesión ordinaria del Parlamento, Rodríguez detalló que estas medidas responden a beneficios humanitarios especiales por razones de edad avanzada, minoría de edad, embarazo o patologías crónicas de salud.
El anuncio parlamentario cobró alta notoriedad pública al incluir la excarcelación de Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, los tres últimos agentes de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que permanecían privados de libertad desde hace 23 años por los sucesos de abril de 2002, catalogados históricamente como los presos políticos más antiguos del país.
No obstante, diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y redes de activistas legales reaccionaron a los anuncios oficiales advirtiendo de forma categórica que la cuota ofrecida por el Poder Legislativo es insuficiente y sesgada.
Bajo la consigna «No son 300», portavoces de la sociedad civil expusieron a través de informes técnicos que, de acuerdo con el universo de expedientes verificados y que cumplen con la totalidad de los requisitos jurídicos exigidos por la normativa de amnistía aprobada este año, existen al menos 654 presos políticos que deben ser liberados de manera inmediata y sin ningún tipo de condicionamiento o restricción procesal, según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Las ONG alertaron que recortar el listado a menos de la mitad representa una aplicación discrecional y restrictiva de la ley, utilizada por el oficialismo como un mecanismo de propaganda política en lugar de responder a una verdadera política de Estado orientada a sanear el sistema de justicia y resarcir a las víctimas de persecución institucional.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
