El lunes 1 de junio se formalizó el lanzamiento de la consulta nacional para la reforma del sistema de justicia penal, un proceso coordinado por el Ministerio Público —bajo la secretaría del fiscal general Larry Devoe— y Delcy Rodríguez, presidenta encargada bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos.
El propósito de esta iniciativa, según promueven desde el gobierno, es elaborar un diagnóstico integral de las debilidades del sistema procesal actual y trazar una hoja de ruta para una transformación estructural del Poder Judicial, con un despliegue que involucra a sectores académicos, institucionales y comunales.
Mientras el sector académico enfatiza la necesidad de concentrar los esfuerzos en la idoneidad de los operadores de justicia y el respeto estricto a las leyes escritas vigentes, representantes comunales abogan por una transferencia de competencias hacia los territorios. Esta última postura propone reformar el marco legal para que las actas de conciliación vecinal tengan carácter vinculante ante fiscalías y tribunales.
Nueve ejes de discusión
El fiscal general, Larry Devoe, señaló que el proceso no se limitará a una revisión teórica, sino que buscará establecer una evaluación profunda y con carácter autocrítico de las instituciones. “Venimos a este proceso a revisar cada uno de los procesos y prácticas que estamos desarrollando para alcanzar ese objetivo de una justicia justa”, expresó.
Devoe detalló que la metodología contempla un despliegue nacional para “escuchar a todos los sectores involucrados en el funcionamiento diario del sector penal”, sumando además el soporte técnico de las universidades.
“Vamos a sumar a la academia para realizar un conjunto de estudios especializados sobre diferentes áreas del sistema de justicia que permitan recabar datos y hacer recomendaciones para el desarrollo de políticas y correctivos en esta materia”, dijo, añadiendo que el debate se canalizará a través de nueve áreas de discusión:
- La política criminal en la Venezuela del siglo XXI
- Acceso a la justicia y participación ciudadana en el sistema de justicia penal
- Coordinación, articulación e integración del sistema de justicia
- Ética, autonomía e independencia
- Garantías del debido proceso y celeridad procesal
- Eficiencia y calidad en la organización y funcionamiento del sistema de justicia penal
- Talento humano del sistema de justicia penal
- Infraestructura, equipamiento y dotación del sistema de justicia penal
- Herramientas tecnológicas para el acceso a la justicia
El enfoque técnico de la academia
Desde la perspectiva académica, José Bonvicini, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, desestimó la necesidad de una reescritura total de las leyes, apuntando en su lugar a la idoneidad y ética de los funcionarios como el reto principal.
“Tenemos 27 años con un Código Orgánico Procesal Penal, tenemos una Constitución de avanzada y debemos decir que si hay que hacer algunos cambios a las leyes, son cosas muy particulares. El tema que tenemos por delante es el operador de justicia”, argumentó Bonvicini.
El decano enfatizó que la exigencia de la ciudadanía se centra en la resolución de la impunidad en el ámbito penal, instando a las instituciones a traducir las discusiones teóricas en acciones concretas dentro de las aulas y los tribunales.
“El venezolano de a pie clama justicia. La impunidad es una situación particular donde los delitos violentos deben ser atacados sin ningún tipo de situación que podamos dejar a un lado. Humanizar al sistema es parte del deber que tenemos cada uno de nosotros (…) Es importante que esto no quede en un decir, sino en un hacer”.
Las comunas piden competencia territorial
Juan Díaz, responsable de la Sala de Autogobierno de la comuna Gran Campo Rico (municipio Sucre, estado Miranda), centró su intervención en la necesidad de dotar de herramientas legales vinculantes a las formas de organización popular que operan bajo la Ley Orgánica de Justicia y Paz desde 2024.
“La justicia de paz no viene a suplir a la justicia tradicional, simplemente viene a esa resolución de conflictos dentro de nuestros territorios, situaciones sencillas que se pueden resolver a través de estos mecanismos”, puntualizó Díaz.
Para evitar que los conflictos menores escalen a delitos graves y reducir la carga burocrática de los tribunales ordinarios, Díaz presentó las siguientes propuestas específicas en representación de su sector:
Vinculatoriedad jurídica: Conseguir que las decisiones y acuerdos resultantes de la resolución de conflictos en las comunidades sean de obligatorio cumplimiento para el sistema de justicia tradicional (tribunales, defensorías y fiscalías).
Integración estructural: Incorporar formalmente el Consejo de Justicia y Paz dentro de la estructura de las comunas, otorgando facultades legales explícitas a los voceros para hacer cumplir las normas de convivencia vecinal.
Foco del sistema: Orientar la reforma hacia un esquema que erradique de manera prioritaria el retardo procesal, la corrupción y evite la criminalización de la pobreza.
Por su parte, Tahis Rojas, jueza de paz de la comuna Alianza Bolivariana (parroquia Leoncio Martínez, municipio Sucre), expuso la problemática desde la práctica operativa, al denunciar un “divorcio institucional” donde el colapso de los tribunales tradicionales coexiste con la subutilización de los mecanismos de conciliación vecinal.
“Mientras los tribunales tradicionales se ahogan en expedientes, las capacidades de mediación y conciliación que tenemos instaladas en los territorios no están siendo aprovechadas por las estructuras del orden penal”, afirmó Rojas.
Rojas planteó una reforma con un enfoque de justicia restaurativa basado en dos acciones concretas:
Reforma del COPP para remisión de casos: Modificar el Código Orgánico Procesal Penal para facultar expresamente a los fiscales del Ministerio Público y a los jueces de control a desviar y remitir a la jurisdicción de paz comunal “aquellos delitos de menor cuantía, menos graves o cuyas penas principales no excedan los ocho años”, siempre y cuando no atenten contra la vida o la integridad física de las personas.
Articulación policial temprana: Vincular directamente a los jueces de paz con los órganos de investigación penal en el territorio, permitiendo que las denuncias menores que saturan las delegaciones policiales activen de inmediato una “audiencia inicial comunitaria” para detener la escalada delictiva mediante actas de compromiso vecinal antes de llegar a los tribunales.
Delcy dice que va contra la extorsión
El cierre de la jornada estuvo a cargo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien se pronunció a favor de las propuestas de descentralización bajo el argumento de que la resolución de conflictos comunitarios evita el escalamiento hacia delitos de mayor gravedad. Asimismo, reconoció que el sistema actual presenta deficiencias estructurales que aún no responden a las necesidades de la ciudadanía.
“Hemos avanzado, pero no suficiente. No es lo que merece el pueblo venezolano, y no es la justicia que necesita Venezuela”, declaró Rodríguez durante su intervención.
Como respuesta a las denuncias sobre irregularidades en los procesos judiciales y policiales, se anunció la creación de un canal técnico de denuncias para fiscalizar el desempeño de los funcionarios del Estado a través de la línea 0800-EXTORSIÓN.
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