Caracas.- Un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana presentó el movimiento ciudadano “Quiero Elegir”, una iniciativa que busca promover una salida democrática a la crisis política del país mediante la realización de elecciones libres, competitivas y verificables.
La plataforma, impulsada por organizaciones como CEPAZ, Ideas por la Democracia, La República TV, Transparencia Venezuela, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, LA TV Calle y Voto Joven, difundió un manifiesto ciudadano en el que reivindica el derecho de los venezolanos a elegir a sus gobernantes como mecanismo fundamental para la recuperación democrática y la reconstrucción institucional del país.
El manifiesto señala que el movimiento nace del deseo de los venezolanos de iniciar una transición democrática mediante elecciones que permitan escoger a los responsables de conducir ese proceso. Según el texto, el objetivo es construir instituciones centradas en los ciudadanos, garantizar el respeto a los derechos humanos, combatir la corrupción y asegurar la igualdad ante la ley.
Entre los 10 principios que conforman la declaración destacan la defensa del voto como un derecho fundamental, la necesidad de la reinstitucionalización democrática a través de elecciones, la exigencia de condiciones electorales reales y verificables, y la promoción de una ruta política que permita convocar comicios de transición con garantías para todos los actores.
Como parte de su llamado público, “Quiero Elegir” convocó a los ciudadanos dentro y fuera del país a organizarse, participar y exigir condiciones electorales; a los actores políticos, a construir acuerdos que hagan posible una elección con garantías; y a la comunidad internacional, a acompañar una ruta electoral verificable.
La situación electoral actual
La aparición del movimiento ocurre en un contexto de incertidumbre política e institucional en Venezuela. Sus planteamientos están estrechamente vinculados a los acontecimientos que han marcado la crisis electoral de los últimos dos años y a la ausencia de una ruta clara para la celebración de nuevas elecciones presidenciales.
La controversia se remonta al 28 de julio de 2024, cuando se celebraron las elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial, pero no publicó las actas completas de escrutinio. Mientras tanto, la oposición aseguró haber recopilado y divulgado copias de las actas obtenidas por sus testigos electorales, las cuales —según sus datos— otorgaban la victoria a su candidato, Edmundo González Urrutia.
La situación dio un giro el 3 de enero de 2026, cuando una operación militar de Estados Unidos culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense para enfrentar procesos judiciales. El hecho provocó un vacío de poder sin precedentes en la historia reciente venezolana y abrió un intenso debate sobre la aplicación del artículo 233 de la Constitución, que establece la convocatoria de nuevas elecciones cuando se produce la falta absoluta del Presidente durante los primeros años de mandato.
Sin embargo, las instituciones controladas por el oficialismo evitaron declarar formalmente la falta absoluta. En su lugar, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desarrolló la figura de una supuesta “ausencia forzosa”, permitiendo que la entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera la Presidencia de manera interina mientras se mantenía la tesis de que Maduro seguía siendo el mandatario legítimo pese a encontrarse detenido fuera del país.
Cinco meses después de la salida de Maduro del poder, el debate sobre la necesidad de convocar elecciones continúa abierto. Diversos sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos, expertos constitucionales y grupos de la sociedad civil sostienen que la Constitución exige una nueva elección presidencial para restablecer la legitimidad institucional.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
