En el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en delitos asociados al terrorismo, ubicado en Caracas, familiares y abogados defensores de los detenidos permanecen a la espera de la reanudación de la audiencia número 18 en el quinto piso, bajo la jurisdicción de la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, ya fueron trasladados los procesados provenientes de los centros de reclusión conocidos como el instituto nacional de orientación femenina (Las Crisálidas), el Internado Judicial de la Región Capital Yare y El Helicoide. Sin embargo, hasta el momento de cierre de esta nota, los detenidos del Internado Judicial El Rodeo I no han sido llevados al tribunal, lo que agrava la incertidumbre sobre la continuidad del proceso debido a que, pese a la convocatoria de la audiencia, no se han dispuesto los equipos necesarios para una eventual modalidad telemática, pues no hay pantallas habilitadas en el tribunal ni cámaras instaladas en los centros de reclusión.
En paralelo, en el Internado Judicial de la Región Capital Yare, un grupo de siete detenidos —con la excepción de uno por razones de salud— inició una huelga de hambre para exigir su traslado al tribunal y la prosecución de las audiencias. Entre los manifestantes se encuentran los ciudadanos señalados como los choferes y los hermanos Ranieri, según confirmaron allegados. Adicionalmente, fuentes vinculadas a la defensa señalaron que varios de los acusados se negaron a rendir declaraciones desde sus centros de reclusión, al argumentar que se encontraban bajo custodia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
En ese contexto, el exministro Tarek El Aissami informó a sus abogados que recibió una llamada del director del servicio penitenciario, de apellido Zerpa, quien le indicó de forma directa que dejara de hablar tanto y le advirtió sobre consecuencias. Asimismo, reiteró a su defensa que presenta graves problemas de salud y que teme un deterioro en las próximas horas, de acuerdo con la misma fuente.
Por otra parte, en el centro de reclusión de mujeres ubicado en Los Teques, la exsubgerente de Bancamiga, Kerly López, fue presionada por la directora del penal para firmar una diligencia en la que constaría su supuesta negativa a ser trasladada al tribunal. Hoy sí está presente en la sede judicial.
La situación mantiene en vilo a familiares y equipos legales, quienes advierten sobre retrasos procesales y condiciones que, aseguran, comprometen el debido proceso. Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre las causas del retraso en los traslados ni sobre la instalación de los medios técnicos requeridos para las audiencias.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
