Dos brigadieres generales en condición de retiro del Ejército Nacional de Colombia, junto a otros 25 efectivos de la fuerza pública, asumieron de forma pública su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los comparecientes admitieron su implicación en el asesinato de 209 personas y la desaparición forzada de otras 65, hechos registrados en el departamento del Meta entre los años 2002 y 2007, los cuales fueron consignados de manera fraudulenta como bajas en combate.
Según los informes remitidos por el tribunal de justicia transicional, esta declaración constituye el primer escenario procesal en la historia del país donde oficiales con el rango de brigadieres generales aceptan de forma abierta la emisión y ejecución de directrices orientadas a cumplir con cuotas de muertes.
Las indagaciones judiciales determinaron que dentro de las víctimas del Meta se encontraban diez menores de edad, sumado a una tentativa de homicidio.
Los altos mandos identificados en la causa corresponden a los generales retirados Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, quienes ejercieron funciones como comandantes de la Séptima Brigada del Ejército.
Durante las comparecencias, Saavedra Sáenz admitió haber ejercido presiones directas sobre los jefes de las unidades subordinadas con la finalidad de incrementar las estadísticas de bajas operativas, reconociendo además la utilización de términos que inducían a la colaboración con estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para la obtención de resultados.
Por su parte, Ardila Uribe reconoció la omisión de sus funciones de control y mando sobre la jurisdicción militar a su cargo, señalando que la vigencia de un sistema de incentivos y recompensas institucionales propició la comisión sistemática de las conductas delictivas.
El oficial retirado manifestó durante las audiencias que las personas afectadas no formaban parte de grupos insurgentes, sino que se trataba de ciudadanos civiles que fueron objeto de estigmatización criminal por parte de las unidades armadas.
El resto del grupo que aceptó los cargos formulados por la JEP se encuentra integrado por 25 exmiembros del Ejército Nacional con rangos de coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, suboficiales y soldados profesionales.
Estos efectivos cumplían funciones operacionales dentro de las filas del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (Bivar) y del Gaula Rural del Meta (Gamet).
Las resoluciones previas emitidas en noviembre de 2025 por la JEP habían derivado en la imputación formal de los 27 comparecientes tras acreditarse su participación en los denominados «falsos positivos», modalidad delictiva caracterizada por el homicidio de civiles desarmados para simular éxitos en el desarrollo del conflicto armado a cambio de beneficios profesionales y licencias.
Los registros estadísticos generales unificados por el tribunal de paz cifran en 7.837 los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados en el territorio nacional, concentrándose la mayor cantidad de eventos entre los años 2002 y 2010.
Con información de EFE.
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