🔴🔵 La tragedia se pudo evitar

Venezuela sabía que el próximo gran terremoto ocurriría. Lo único incierto era cuándo, dónde y con qué magnitud. Durante la democracia, el país desarrolló una ingeniería sismorresistente, creó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), elaboró mapas de amenaza sísmica y transformó esos avances en normas de construcción. Con el socialismo del siglo XXI, ese mismo Estado emprendió un programa masivo de construcción de viviendas que alteró la forma de diseñar, verificar y ejecutar las obras.

Las normas de la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenin) no son un reglamento burocrático ni un formalismo arquitectónico. Recogen el conocimiento acumulado por geólogos, sismólogos e ingenieros sobre el comportamiento del suelo y de las estructuras. Ningún edificio responde únicamente a los cálculos de un plano; también responde al terreno sobre el que fue construido.

Las normas exigen estudios geotécnicos, diseños adaptados a las condiciones de cada emplazamiento y controles durante la ejecución de la obra. Esa lógica fue sustituida por la estandarización de los proyectos. La prioridad dejó de ser construir conforme a la ingeniería y pasó a ser cumplir los cronogramas políticos.

Mientras no ocurre un gran terremoto, casi cualquier política de construcción parece exitosa. Los edificios permanecieron en pie y la ausencia de un gran terremoto fue confundida con la eficacia del modelo. La ausencia de un sismo importante ocultó el grave riesgo de construir conforme a un cronograma político.

El terremoto del 24 de junio de 2026 no alteró las propiedades del suelo, ni modificó la resistencia del concreto o del acero. Simplemente sometió todas las edificaciones al mismo fenómeno físico. Las estructuras respondieron de acuerdo con la calidad de su diseño, su ejecución y su adaptación al terreno.

La tragedia también puso a prueba la capacidad del Estado para responder a la emergencia. El mismo Estado que había relegado el conocimiento en la construcción tampoco consiguió dirigir con eficacia las primeras horas del desastre. La prevención y la respuesta revelaron la incapacidad institucional de convertir el conocimiento disponible en decisiones de gobierno.

La destrucción ocasionada por los dos terremotos casi simultáneos no representa un fracaso de la ingeniería venezolana, que había identificado el riesgo, desarrollado los criterios de diseño y establecido las condiciones para reducirlo. Fracasó la irresponsable decisión política de prescindir del conocimiento que había convertido en norma.

Durante años las políticas de vivienda se midieron por el número de urbanismos inaugurados y de viviendas entregadas. El 24 de junio introdujo un criterio mucho más severo: el comportamiento real de las edificaciones frente a un gran terremoto. Ese resultado no dependió de decretos, discursos ni estadísticas. Dependió exclusivamente de cómo habían sido concebidas y construidas. Desde ese día dejó de importar cuántas viviendas se anunciaron o cuántas cintas se cortaron. La geología no distingue entre propaganda y realidad. Tampoco distingue entre decisiones políticas y leyes de la naturaleza.

El perfil técnico de la peritaje jurídico

Antonio Callaos Farra es ingeniero electricista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y abogado por la misma casa de estudios superiores. Durante la gestión de Yvonne Attas en la Alcaldía de Baruta ocupó el cargo de ingeniero municipal y participó en la elaboración de resoluciones relacionadas con urbanismo e infraestructura. En su ejercicio profesional se ha orientado a litigios administrativos, civiles y patrimoniales en los que la prueba pericial es determinante. Ha representado a particulares y empresas en controversias por incumplimiento de contratos, reclamaciones contra entes públicos y disputas con compañías aseguradoras. Entre los casos de mayor exposición figura la representación de un ciudadano en un litigio contra Asistensi Venezuela por el cumplimiento de una póliza de salud, así como la defensa de Euroasian Mining Madencilik en una demanda patrimonial contra la Corporación Venezolana de Guayana Ferrominera del Orinoco.

Su formación como ingeniero le permite intervenir directamente en la evaluación de peritajes, revisar metodologías, interpretar cálculos e integrar la evidencia técnica a la argumentación jurídica. Esa doble formación ha convertido su práctica en un espacio donde los aspectos técnicos de una controversia no se presentan como un elemento accesorio del proceso, sino como parte central de la construcción del caso. Su trayectoria ofrece una perspectiva poco habitual sobre la relación entre la ingeniería y el derecho: cómo las decisiones administrativas se apoyan en criterios técnicos, cómo los peritajes condicionan el resultado de un litigio y cómo la comprensión de ambos lenguajes puede resultar decisiva en controversias sobre infraestructura, contratación pública y responsabilidad patrimonial.

—El doble terremoto del 24 de junio es una verdadera tragedia, pero también lo podríamos calificar de crimen de lesa humanidad. Se trata de una tragedia provocada. Una oficina dependiente de la Presidencia de la República construyó edificios en terrenos inestables y no aplicaron las normas ni las prevenciones que señalan las normas Mindur-Covenin, ni la Ley de Ordenación Urbanística.

—Es muy alarmante que el propio ministro Farruco Sesto reconozca que nunca hicieron estudios de suelos en los lugares donde construyeron los edificios de la Misión Vivienda. Es el reconocimiento de una falla grave, una admisión. Hay, además, otros elementos bien indignantes. Creo que debería sentarse un precedente de pedagogía colectiva para que estas situaciones se eviten. En Venezuela se aplican normas sismorresistentes desde el año 1947, normas básicas en realidad. Los edificios construidos después de ese año cumplen con esas normas sismorresistentes. Ninguna de las obras construidas durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez sufrió afectación alguna. El Centro Simón Bolívar, El Helicoide, las Quintas Aéreas de El Paraíso, los viaductos, túneles y bloques residenciales como los de la parroquia 23 de Enero. Ninguno tuvo inconvenientes con el doble terremoto. No solamente fueron de magnitud importante, el primero de 7,2 y el otro de 7,5, sino con ondas en sentido contrario. Las construcciones sismorresistentes aguantaron y quiere decir que las normas de 1947 eran buenas.

—Pero muchos edificios colapsaron en el terremoto de Caracas de 1967.

—Sí, fue de magnitud 6,6 y como consecuencia se creó Funvisis. En 1982 se estableció la norma Covenin 1756, que los constructores de casas o edificios deben seguir obligatoriamente. Un lustro después se promulgó la Ley de Ordenación Urbanística, que abre el abanico a las normas Covenin-Mindur. Se fijan los criterios para que las estructuras resistan terremotos, cargas de uso y acción del viento; establecen las especificaciones para el diseño y la ejecución de estructuras de concreto y acero; y estandarizan la medición y codificación de las partidas de obra para la elaboración de presupuestos, contratación y control de los proyectos. En 1987, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística eliminó la figura de los permisos de construcción. Antes había unos permisos de construcción que en el Distrito Federal otorgaba la Gobernación y luego el Concejo Municipal de Caracas, de Baruta, El Hatillo o Sucre. Se estableció la constancia de cumplimiento de variables urbanas fundamentales. Cuando el ciudadano interesado en construir introduce el proyecto en la taquilla de la ingeniería municipal respectiva, debe hacer dos pagos: el impuesto de revisión de proyecto, para certificar que cumple con las variables urbanas que la ordenanza estableció para el terreno, y el impuesto de inspección, que son tasas. Implican una contraprestación, un servicio: la revisión del proyecto por expertos y la revisión de la obra.

—¿Se cumple?

—En más de 99% de los casos, las administraciones municipales no utilizan el dinero para pagar a ingenieros que revisen los proyectos y la obra. Lo usan para comprar el vehículo del alcalde y sus gastos de representación. Malversación, que implica un delito de apropiación indebida y de enriquecimiento sin causa. Cuando fui ingeniero municipal de Baruta en la gestión de la alcaldesa Yvonne Attas, desde 1996 hasta el año 2000, se aplicó la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Se contrataban servicios de empresas para que verificaran el cumplimiento de las variables urbanas fundamentales y de las normas técnicas nacionales en cuanto a urbanismo y edificación. Pero, en particular, las normas sismorresistentes de la norma Covenin 1756. Sin embargo, en los municipios no cuentan con profesionales expertos y sus funcionarios se limitan a verificar que cumplen la altura y los retiros, pero no específicamente la norma Covenin-Mindur, que requiere la experiencia de un experto en materia estructural. Lo peor es que la revisión final no puede determinar que el edificio se construyó con la cabilla y el cemento que correspondían para su capacidad y altura. Está enterrado. En Baruta contratábamos profesionales externos que iban a la obra todas las semanas y estaban presentes en las etapas críticas de la construcción: la placa y el encofrado de columnas, para verificar que se utilizaban los materiales adecuados y en la cantidad prevista en el proyecto. Lo que paga el constructor como tasa de revisión de proyecto y por concepto de inspección debe utilizarse para contratar profesionales expertos en la materia estructural y en la aplicación de la norma Covenin. En Caracas no hubo una tragedia mayor porque el constructor cumplió, a pesar de que el municipio no hizo lo debido. La norma Covenin 1756 cada vez es más rigurosa. Tuvo mejoras en el año 2001 y en 2019. De aquí en adelante, los municipios deben contratar expertos que constaten la estructura y la existencia del estudio del suelo. Se puede construir en suelos arenosos y en rellenos, pero con pilotes para hincar la edificación en roca. Saldrá más costoso, pero protegerá la vida de quienes lo habiten. Faltó voluntad, prevención y planificación para proteger a la población y sus bienes.

—¿Y si el gobierno estandariza la construcción de urbanismos sin considerar las propiedades del suelo? ¿Si no cumple las normas Mindur-Covenin ni presenta proyectos, están exentos sus ejecutores, funcionarios y empresas contratistas?

—Tanto los privados como el Estado deben cumplir la Ley de Ordenación Urbanística. Nadie está exceptuado, pero los edificios construidos bajo la Misión Vivienda nunca contaron con permisos de construcción, ni constancia de cumplimiento de variables urbanas. Simplemente se construían. No hay constancia de que el municipio tuviera a su disposición el proyecto, el estudio de suelo, si cumplía la norma Mindur-Covenin; y mucho menos que se hubiese inspeccionado con posterioridad. Hay una irregularidad administrativa, pero también una responsabilidad civil. El Código Civil sanciona los vicios ocultos. Los constructores de las edificaciones que se cayeron, que tienen menos de 10 años, tienen una responsabilidad civil que puede ser penal. Si se actuó con negligencia, si se construían conscientes de que no se seguían las normas sismorresistentes ni las normas estructurales, habrían incurrido en homicidio culposo tanto el constructor como todos los funcionarios involucrados.

—¿Todos?

—Estamos hablando de ministros para abajo, incluidos los municipales. Son responsables por acción u omisión. El municipio tiene la obligación de velar por que esa construcción cumpliera con las normas. Esas 20.000 edificaciones no cumplieron las normas y los afectados, y los familiares de los difuntos, pueden ejercer una acción penal. Los nombres de los responsables no están bajo los escombros, sino en los proyectos, los presupuestos, los planos, las actas de revisión y en las facturas. Los responsables tendrán que rendir cuentas por el daño material y moral causado. El Estado de Derecho se impondrá.

—¿Están exentas de culpa las empresas extranjeras que no cumplieron las normas venezolanas?

—La Ley Orgánica de Ordenación Urbanística no exime a nadie de su cumplimiento. Se aplica a nacionales y extranjeros, al sector público y al privado, a individuos y sociedades. Nadie está exento de su cumplimiento o aplicación. Peor aún, la normativa obliga a las autoridades a definir como «zonas no urbanizables» o de «urbanización restringida» todas las áreas que presenten riesgos geológicos. A pesar de este mandato legal, las autoridades no aplicaron la calificación de esos terrenos como zonas no urbanizables, pese a que los estudios técnicos lo recomendaban. En lugar de declarar la restricción, el Gobierno otorgó permisos y realizó adquisiciones forzosas de terrenos en zonas de vulnerabilidad absoluta para construir torres de la Misión Vivienda y permitió desarrollos de lujo como el Hotel Eduard’s. Ninguna de las torres colapsadas en el estado La Guaira contaba con la conformidad técnica exigida por la ley, lo que demuestra que la zona no fue tratada oficialmente como restringida por quienes debían velar por el ordenamiento urbano. Además, asombra que en el urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande se hayan utilizado perfiles de aluminio como columnas.

—¿Y los responsables?

—El principal ya no vive: Hugo Chávez; pero Farruco Sesto todavía vive y acaba de admitir que no se tomaron en cuenta los estudios del suelo en la Misión Vivienda, porque querían construir rápido.

—Francisco «Farruco» Sesto ocupó los principales cargos vinculados a la planificación urbana, la vivienda y la política cultural durante los mandatos de Hugo Chávez. Fue ministro de Cultura dos veces, ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas (cargo que también asumió para la Reconstrucción de Caracas a partir de diciembre de 2010), director ejecutivo de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales —organismo adscrito a la Presidencia de la República que concentró la ejecución de proyectos urbanos y obras de gran envergadura— y presidente de la Fundación OPPPE. Tras el colapso de las edificaciones por los terremotos de 2026, Sesto no ha respondido con argumentos técnicos las decisiones adoptadas ni ha explicado los criterios empleados en la contratación, supervisión o ejecución de las obras. Reivindicó el principio de que «en revolución no se licita» para justificar la adjudicación directa de proyectos y se presentó como «revolucionario radical», socialista «hasta los huesos», como legitimación de sus decisiones. No respondió sobre las consecuencias, pero se mantiene desempeñando funciones consulares en Vigo, España, donde nació y residió hasta los 18 años de edad.

—Farruco Sesto es más responsable que nadie, pero también los funcionarios municipales de los lugares donde se construyeron urbanismos que no cumplieron las obligaciones legales. La competencia del municipio está en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística: revisar el proyecto y supervisarlo. Si no lo hizo, tiene una responsabilidad omisiva. Si lo autorizaron, tienen una responsabilidad directa. Todos los funcionarios municipales de La Guaira, de Maiquetía y Caraballeda tienen responsabilidad sobre la devastación ocurrida y tendrán que rendir cuentas ante el Estado de Derecho. ¿Por qué no dijeron que esos proyectos se levantaron sin el conocimiento del municipio? El director de ingeniería cobra por emitir una opinión, no para omitirla porque se trate de una obra del Ejecutivo nacional.

—Estaban cambiando absolutamente todo. Tenían la ilusión de que estaban haciendo un nuevo país, una nueva república y que nada de lo que había servía…

—Haya revolución o no, la Constitución es la misma, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística está vigente y las ordenanzas de zonificación también. Si el funcionario no fue consultado, debe decirlo y aplicar la ley. Es su responsabilidad administrativa y no podrán eludirla. Algunas serán penales y otras civiles. El país no puede volver a cometer esos errores; la administración pública y los privados tienen que cumplir la norma sismorresistente. No se puede construir a espaldas de las leyes. La mayoría de los edificios que se cayeron habría resistido hasta un terremoto de mayor magnitud si se hubieran seguido las normas Mindur-Covenin.

—El Gobierno, ante la tragedia generada, respondió como la Unión Soviética en el accidente de Chernóbil en 1986: enterrar los escombros y evitar cualquier investigación. Y con el agravante de que no auxilió a las víctimas, de que la FANB no movió su maquinaria…

—Ahora el país tiene la posibilidad bastante cierta de salir de un desastre que ha durado más de 27 años, incluidos los deslaves y los terremotos. Sin el 3 de enero no habría esperanza de que no se repitiera la calamidad del 24 de junio. Volverá la institucionalidad y no habrá forma de que alguien se pague y se dé el vuelto. Habrá elecciones, Dios mediante, y no se cometerán ni los errores del chavismo ni los anteriores. El pueblo se podrá expresar y vendrá un gobierno que tratará de no cometer los mismos errores, no solo de estos 27 años pavorosos, sino de los anteriores también. Sin la intervención del presidente de Estados Unidos esto habría sido para toda la vida.

—El juego no ha terminado.

—No, pero ya la esperanza no es una simple esperanza. El 1° de agosto empieza la negociación y habrá un CNE imparcial y un TSJ imparcial.

—¿Y una fuerza armada imparcial?

—Cuando haya un nuevo gobierno y se designe un nuevo ministro de la Defensa, los nuevos jefes de los cuatro componentes, eliminando las milicias que son inconstitucionales, serán designados por el presidente de la República. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha cambiado mucho y va a cambiar más. Ya se acabó el «patria, socialista o muerte», aunque Delcy Rodríguez diga que Chávez vive y la lucha sigue.

—Siguen encarcelados más de 400 presos políticos.

—Saldrán tarde o temprano. No habrá soluciones inmediatas como en 1958. La desinstitucionalización ha sido más devastadora que el doble terremoto. Inicialmente, no entendía ni compartía las tres etapas de Marco Rubio y Donald Trump, pero si María Corina Machado y Edmundo González asumen el poder en enero no hubieran durado mucho.

—Podría haberse juramentado una junta de gobierno, declarar un estado de emergencia y convocar una asamblea constituyente. En situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias.

—La Constitución no se restablece violándola. Ahora uno puede tener sus opiniones, pero el que tiene la decisión en sus manos es el presidente Trump y decidió hacerlo por intermedio de Delcy Rodríguez. El 1° de agosto comienza formalmente la transición. El Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones, pero antes debe depurar el registro electoral e incorporar cerca de 10 millones de nuevos electores y eliminar a los doble y triple cedulados. Habrá elecciones, será el año que viene o el siguiente, pero votaremos. No hay vuelta atrás. Yo soy optimista siempre; ahora veo el vaso llenito, no medio lleno.

—¿Y las máquinas electorales?

—La primera votación seguramente será manual. Yo sé que el fraude no provino de la transmisión, se perpetraba en las mesas contaminadas a donde eran mudados los no votantes crónicos. En ese 5% de las mesas todos los votos eran para el Gobierno. A las 5:00 pm sacaban al testigo de la oposición, si lo había; empezaban a poner el sello «votó» y a emitir boletas. El acta de la mesa refleja el resultado que llega al CNE. Eso se detectó antes de 2015 y por eso la oposición ganó entonces la Asamblea Nacional. En 2024 no dejamos sin testigos las mesas contaminadas con el plan 600K. La recopilación de las actas impidió el fraude. Cuando Nicolás Maduro desconoció los resultados, María Corina presentó las actas de las mesas con los resultados que llegaron encriptados al CNE.

—¿Qué va a pasar en Venezuela después de los 28 años de chavismo? ¿Se derogará la Ley Orgánica de las Comunas, que no elimina jurídicamente los municipios ni los concejos municipales, pero crea una estructura paralela de gobierno con órganos legislativos, ejecutivos, de planificación, contraloría, banca y administración propios, concebida para recibir competencias y ejercer funciones de gobierno local? El municipio permanece en el texto constitucional; la comuna pasa a ocupar su lugar en el ejercicio del poder.

—La Constitución no establece una unidad político-territorial llamada comuna ni le otorga las facultades propias de los municipios. La intención de Chávez era acumular más poder. Aunque la ley presenta la comuna como una expresión de democracia directa, el referendo no basta para constituirla. La comuna solo adquiere personalidad jurídica cuando un órgano del Poder Ejecutivo la registra. La iniciativa es comunitaria; la decisión jurídica permanece en manos del Gobierno. Y el Gobierno considerará legales las que llenen sus requisitos y solo a esas les otorgará algunas atribuciones y presupuesto. Su objetivo era el control local. El nuevo gobierno tendrá que anular y derogar muchas leyes.

—Principalmente la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos…

—Habrá que borrarla completamente; las competencias del directorio de Conatel son excesivamente amplias. Casi inquisitoriales. No acata ni cumple la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ni mucho menos la presunción de inocencia. Quita licencias a emisoras de radio y de televisión, bloquea señales, se incauta de equipos, bloquea cuentas de internet y una cantidad de medidas para las cuales no está facultado. No cumple los procedimientos de rigor; ejecuta sentencias antes de hacer un acto conclusivo. Las leyes se aplican o no se aplican según convenga a la estructura para seguir gobernando. La nueva Asamblea Nacional tendrá muchas leyes que derogar, reformar y redactar.

—¿Eliminará las milicias?

—Son inconstitucionales y basta un decreto para dejarlas sin efecto.

—¿Y qué harán los milicianos?

—Los podemos incorporar a otros componentes o a otras funciones productivas. Hay que regresar al Estado de Derecho, a la separación de poderes y al contrapeso.

—¿Por qué no se ha derogado la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, la más inconstitucional de todas las leyes aprobadas bajo el régimen de Nicolás Maduro? ¿Por qué la sociedad venezolana no ha hecho presión para que esa ley se derogue?

—No hay dudas de que estamos bajo un tutelaje. El régimen hace lo que la Casa Blanca le acepte. Si mantienen encarcelados a los presos políticos y no derogan la Ley Antibloqueo es porque no le molestan a Estados Unidos. Pero lo tendrán que hacer las nuevas autoridades, que no creo que vayan a ser tan complacientes en materia económica. Estados Unidos tiene su propio control. Un fracaso en la instauración democrática en Venezuela puede incidir en los resultados de las elecciones de mitad de período.