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Un juzgado de Madrid ha condenado a la secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón al considerar que perjudicó su honor al llamarle corrupto en septiembre de 2024. En la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez Juan Antonio Lara sostiene que las manifestaciones que vertió en la red social X generaron “un daño moral” que “debe ser indemnizado”, aunque rebaja la cifra de 350.000 euros que había reclamado el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Belarra ha reaccionado este viernes con una publicación en la misma red social en la que vuelve a emplear el término “corrupto” contra García-Castellón: “Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos”.
Por Liliana Ochoa | EL PAÍS
Además de abonar la indemnización, la diputada deberá difundir el contenido de la sentencia en su perfil de X, donde se produjo la intromisión en el derecho al honor. El juez que estuvo a cargo de investigar del caso Tándem o el caso Púnica actuó contra la dirigente de Podemos a raíz de una publicación que realizó en redes sociales el 2 de septiembre de 2024, después de que el Boletín Oficial del Estado publicara su “jubilación forzosa por edad”. Belarra afirmaba que el magistrado y otros “jueces corruptos”, se irían “de rositas” pese a haber “prevaricado”. Días después, el 20 de ese mes, la diputada difundió otro mensaje en el que decía que García-Castellón “no tenía ganas de jubilarse” y seguía con “la guerra sucia judicial contra Podemos”. “Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha es corrupción, con o sin condena”, añadía. A los mensajes en redes sociales se sumaron intervenciones en actos públicos y en un programa de televisión en el mismo tono sobre el juez jubilado.
El Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid se ha pronunciado sobre este asunto después de que pasara por las manos del Tribunal Supremo en junio de 2025. La Sala de lo Civil del alto tribunal concluyó que no era el órgano competente para dirimir sobre la demanda de García-Castellón porque los descalificativos que dirigió en la red social X no los profirió “en el ejercicio de su cargo”. Así, insistió en que el hecho de que la cuenta de Belarra tuviese “una marca de verificación gris” no se traducía inmediatamente en que hubiese actuado “en el ejercicio de su cargo de diputada” y que tuviese que aplicarse el aforamiento porque no era “una reproducción de un acto parlamentario” ni había “conexión con un acto parlamentario”.
Ahora, el juzgado madrileño determina que las expresiones utilizadas y acreditadas por Belarra fueron “objetivamente injuriosas y gravemente vejatorias”. La sentencia sostiene que las manifestaciones de la diputada de Podemos suponen una “atribución directa” de la condición de “delincuente y corrupto” a García-Castellón. Y recalca, además, que la acusación de prevaricación, que para “cualquier ciudadano” constituye una imputación “grave”, en el caso del juez jubilado es “de las peores que profesionalmente cabe atribuir”.
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