En Venezuela son muchas las banderas de lucha que enarbola la comunidad LGBTIQ+. Derechos como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la protección institucionalizada forman parte de los reclamos de las personas que buscan que estas garantías sean ley en el país. Sin embargo, un caso aparte es el derecho al cambio de nombre por expresión de género; no solo porque se trata de un derecho común para todos los ciudadanos, sino porque, a pesar de que es legal en el país, no se aplica.
Desde el año 2009, cuando se promulgó la vigente Ley Orgánica de Registro Civil (LORC), es ley en Venezuela que las personas que así lo deseen puedan cambiar su nombre de manera oficial para ajustar su identidad a su expresión de género, algo fundamental para el ejercicio pleno de la identidad de personas trans, queer y no binarias.
El artículo 146 de la LORC establece claramente: «Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad».
Desde hace 17 años las personas de la comunidad LGBTIQ+ deberían ser libres para cambiar su nombre. Sin embargo, al momento de acudir a un registro civil, el procedimiento simplemente no avanza. Se trata de un derecho establecido en la ley que los funcionarios se niegan a cumplir.
La lucha por el derecho a la identidad
Prissila Solórzano es una mujer trans y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Conoce de primera mano la lucha por conseguir la aplicación del artículo 146 y lo que ha sido un vaivén por parte del Estado en esta materia.
“Llevamos 16 años esperando resultados. Cada año exigimos al Estado que implemente lo que establece el artículo 146 de la ley, pero no hemos tenido avances. Los activistas entregamos documentos constantemente, pero el problema es que, aunque el artículo existe en el papel, en la práctica no lo permiten. Si deseo acudir a un registro para cambiar mi nombre o ajustar mi identidad, me lo niegan. Es una deuda pendiente”, explicó Solórzano.
Para la activista, se trata de una lucha que, por casi dos décadas, ha sostenido la comunidad asistiendo a reuniones y acudiendo a organismos, siempre con el mismo resultado: la promesa de implementar la ley sin que esto ocurra.
“Hemos acudido al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional. Hay un discurso oficial de ‘valorar y respetar la diversidad’, pero en la práctica no hay una valoración real”, comentó.
Prissila Solórzano considera que posturas conservadoras influyen en la negativa de los funcionarios para hacer cumplir la ley. “Es complejo definir el obstáculo principal. Personalmente, creo que influye mucho el tema religioso; sabemos que una gran mayoría en la Asamblea tiene posturas conservadoras. Ser diverso es mal visto en este país y eso influye en que no quieran reconocer la identidad. No estamos pidiendo que se cree un artículo nuevo, porque ya existe. Ni siquiera estamos pidiendo un tercer género, solo el cambio de nombre. Es algo muy sencillo”.
Un problema que no todos entienden
Para aquellos que no forman parte de la comunidad LGBTIQ+, es complicado entender por qué el cambio de nombre es tan importante. Solórzano explica que la lucha tiene un carácter reivindicador ante una sociedad “que se burla de ti por ser quien eres”, pero, más allá de eso, lograr el cambio de nombre abre la puerta para un trato digno.
“Al no tener documentos que coincidan con tu identidad, no tienes acceso a una salud adecuada, sufres maltratos y humillaciones. El acceso a la educación y a un trabajo digno —fundamental para comer y vivir— se vuelve casi imposible. Ante la ley somos invisibles, pero ante el escrutinio y la burla, somos demasiado visibles”, explicó.
Ella agregó que durante su vida ha tenido que lidiar con maltratos por tener un documento de identidad con un nombre distinto al que desea. “He sufrido maltratos, especialmente en los bancos hace años. A veces me he acostumbrado a que me llamen por el nombre que aparece en el documento, pero lo que duele es el tono de burla. También ha pasado en los aeropuertos: me han retrasado el abordaje y me han tocado partes íntimas durante las revisiones. Es un tema de ignorancia y falta de respeto. A veces opto por no reaccionar para evitar que me impidan viajar, pero al final del día, el Estado me mantiene en una situación de constante victimización”, narró.
Ante esta situación, personas como Solórzano acuden a las redes de apoyo construidas por la comunidad. Fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales se han convertido en un bastión de apoyo. “Sí existen redes de apoyo. Organizaciones como el Observatorio de Violencia LGBTIQ+ realizan grupos donde personas de diversas identidades conectan, aprenden y se educan para apoyarse”.
Al preguntarle si tendría una recomendación para quienes han sufrido maltratos similares, enfatizó la importancia de estas redes y la educación: “Si desconoces tu identidad o tienes problemas con ella, debes saber que existen diversas organizaciones a las que puedes acudir. Educarse y formarse en cuanto a lo que es la diversidad permite evitar las discriminaciones, estar mejor preparados para exigir nuestros derechos y sumarse a esta lucha”.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
