La Asamblea Nacional de Nicaragua anunció que la reforma electoral que estudia el Legislativo de ese país, a propuesta del dictador Daniel Ortega, plantea un mandato presidencial de siete años «prorrogables» lo que extendería el tiempo en el poder del líder sandinista hasta 2028.
Este martes, 28 de julio, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras explicó que «nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables» al leer en el plenario de la Cámara la exposición de motivos que busca mantener al régimen de Ortega y Rosario Murillo en el poder.
Ya en el año 2025 con una cuestionada reforma electoral, los diputado llevaron de cinco a seis aos el periodo presidencial, con lo que los comicios previstos para noviembre de 2026 se llevaría a cabo en un año después en 2027. Pero Ortega, el pasado 19 de julio durante el acto de celebración de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, declaró que en Nicaragua «no va a haber más elecciones», un anuncio que fue condenado por casi una decena de países de América Latina, Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH.
En vista de esos pronunciamientos, el régimen sandinista postergó la propuesta hasta septiembre, la presentó este 27 de julio al cuerpo diplomático, a los que plantearon que no van a permitir la participación de los opositores en futuros procesos.
Una copia a la venezolana
El canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, dijo que no podrán participar en cargos de elección popular quienes hayan planificado intentos de golpe de Estado, los que pidan sanciones contra el país y sus funcionarios, así como los que llaman «vende patrias» o «traidores»» en una clara alusión a los dirigentes opositores en el exilio que desde 2021 han demandado una mayor atención de la comunidad internacional por las graves violaciones a los derechos humanos en el país centroamericanos.
Las propuestas de reformas se asemejan a las que aprobó la Asamblea Nacional venezolana en noviembre de 2024, bautizada como Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo, en el que se planteó un marco jurídico para que los opositores no pudieran aspirar a cargos de elección popular. La diferencia es que en Nicaragua buscan incorporar los cambios a la constitución de ese país.
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Desde el exilio, la oposición reaccionó a este anuncio al decir que Ortega y Murillo pretenden quedarse en el poder pese a su longeva edad, Ortega de 80 años y Murillo de 75.
«Los Ortega Murillo se aumentaron un año con la reforma del 2025 y otro, ahora. Los períodos serán “renovables”. Claro no hay reelección, porque no habrá elección», dijo en X, antes Twitter, la excomandante guerrillera, historiadora y miembro del partido Unamos, Dora María Téllez.
Juan Sebastián Chamorro, uno de los candidatos presidenciales del país apresados en 2021, se pronunció en la misma tónica: «Se proponen ya las reformas en más detalle, ya sin elecciones: períodos de siete años prorrogables».
Mientras que el periodista y director del medio digital Confidencial, al que la dictadura expropió su sede Carlos Chamorro, expresó que «la dictadura va por un mandato de ‘7 años renovables’ para Ortega y Murillo. Parlamento inicia ‘consulta’ del nuevo ‘parche’ a la Constitución ‘Chamuca’ para ‘elevar a rango constitucional’ las elecciones sin competencia política que ordenó Daniel Ortega».
Disminuida por la represión, los dirigentes opositores se encuentran en el exterior, sin una dirección política que los unifique más allá del llamado a una transición democrática y acciones concretas de la comunidad internacional, el aumento de la presión diplomática y el reconocimiento formal de que Nicaragua es una dictadura.
Reformas inválidas, asegura abogada
La abogada y miembro del comité directivo de la Alianza Cívica de Nicaragua, María Asunción Moreno, aseguró que el Parlamento nicaragüense no tiene facultades para esas reformas.
«En el ámbito estrictamente legal, esta asamblea no tiene facultades para hacer este cambio de sistema. La Constitución del 2025 y estas reformas que pretenden hacer de facto son ilegales e ilegítimas de origen, son reformas ‘non nata’ y por tanto, inexistentes».
Ortega, tras el fin de la primera etapa de la revolución sandinista en 1990, volvió al poder por la vía electoral en 2007. Desde entonces se ha hecho reelegir en comicios cada vez más cuestionables. Los últimos en 2021 en los que ordenó la detención de siete candidatos presidenciales opositores y proscribió los partidos políticos de oposición.
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