La organización ambiental Clima21 exigió al Estado venezolano este miércoles, 10 de junio, garantizar los derechos humanos de la población civil durante los operativos militares en el estado Bolívar, luego que se reportaran acciones armadas, sobrevuelos de aeronaves y el desplazamiento masivo de personas fuera de las zonas mineras.
Mediante un comunicado, la organización señaló que hasta la fecha, las autoridades no han emitido información oficial sobre los objetivos, alcance y resultados de estas operaciones. Tampoco se conocen datos sobre posibles personas detenidas, heridas o fallecidas, ni sobre las medidas adoptadas “para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas presentes en las zonas intervenidas”.
Durante años, recordó Clima21, organizaciones de la sociedad civil y otros organismos han documentado el impacto ambiental y social asociado a la minería ilegal en la Amazonía venezolana; además han denunciado la actuación de grupos armados en zonas mineras, así como “situaciones de violencia, extorsión y control territorial que han contribuido al deterioro de los derechos humanos y del ambiente en la región”.
También, señalaron que las autoridades han recurrido a operativos militares y militarización de territorios mineros, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas. Sin embargo, dada la falta de información pública disponible y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, es difícil evaluar los resultados de estas acciones y su contribución a una solución duradera.
En ese sentido, Clima21 reafirmó la “necesidad urgente de proteger la Amazonía venezolana, sus ecosistemas y las poblaciones que habitan en ella” ante los impactos de la minería ilegal y otras actividades que “degradan el ambiente”. Asimismo, enfatizó que las acciones destinadas a combatir la minería ilegal deben ejecutarse apegándose a la Constitución, la legislación nacional y las obligaciones del Estado venezolano en materia de derechos humanos y protección ambiental.
La organización consideró que la protección del ambiente “no puede desvincularse de la protección a la vida”, por lo que el uso de la fuerza estatal debe “ajustarse en todo momento a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”. Al respecto, señaló que las políticas orientadas a erradicar la minería no deben implementarse a costa de los derechos de quienes dependen -de manera directa o indirecta- de esta actividad, ya sea en contextos legales o informales.
“Consideramos indispensable avanzar en procesos efectivos de restauración ecológica, atención a las comunidades afectadas y reparación de los daños ambientales y humanos acumulados durante años de explotación minera ilegal”, finalizó la organización en su comunicado.
Contexto de la situación en el terreno
El despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se reportó el martes 9 de junio en sectores estratégicos del municipio Sifontes, específicamente en el Kilómetro 88 y Las Claritas. Las acciones militares buscan desalojar a los grupos armados organizados que controlan el complejo de reservas de oro de Las Brisas y Las Cristinas.
La organización SOS Orinoco desmintió los rumores de una incursión terrestre masiva o la presencia de tropas extranjeras, y aclara que las operaciones se mantienen focalizadas en puntos específicos. Esta intervención militar genera inspecciones estrictas a las plantas de procesamiento de oro en El Callao y provoca movimientos de resguardo entre las estructuras delictivas de El Dorado.
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